La esperada respuesta del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía del procés ha roto todas las previsiones y el alto tribunal español ha optado por una interpretación extrema y contra reo, hecho proscrito porque siempre se tiene que aplicar la norma de forma más favorable al acusado, haciendo "una interpretación razonable de la ley", según le ha recordado la Fiscalía a los magistrados del Supremo, en los recursos presentados este viernes para que cumplan el mandato legal y apliquen la amnistía. Y es que la resolución del instructor del 1-O, Pablo Llarena, de inaplicar la norma del olvido penal al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig ha torpedeado la tregua política pactada entre el Gobierno del PSOE y los partidos independentistas de Junts y ERC. El magistrado Llarena mantiene en vigor la orden de detención de Puigdemont, Puig y Comín, hecho que implica que su situación jurídica casi vuelva a la casilla de salida. Lo mismo ha pasado con la sala de lo penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que de forma coordinada con el juez Llarena, hizo público el lunes -en la cuarta semana de la ley de amnistía en vigor- que no podía amnistiar Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, al afirmar-com Llarena- que con la malversación de fondos para organizar el 1-O los líderes de Junts y ERC "se enriquecieron personalmente con carácter patrimonial", excepción que la ley no permite amnistiar.
Es decir, el alto tribunal español mantiene el conflicto político abierto, mientras el independentismo intenta rehacer puentes ante una posible repetición electoral en Catalunya. Y, mientras los líderes del 1-O ven cómo su amnistía se enquista, un total de 46 agentes de la política española procesados por pegar votantes del 1-O en Barcelona han sido amnistiados por el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, este martes. No es firme. Las entidades Òmnium Cultural, Irídia y la ANC han anunciado que pedirán a la Audiencia de Barcelona que revoque su extinción de responsabilidad penal.
Un mes de vida de la amnistía
Así, la lucha en los tribunales para hacer aplicar la ley de amnistía se prevé que será larga, justo cuando este jueves la norma del olvido penal cumplirá el primer mes en vigor. Las defensas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han aplicado para que el Supremo cumpla el mandato de la norma. Este viernes han presentado los primeros recursos. La ley fija que jueces y tribunales tienen dos meses, como máximo, para aplicarla, pero el alto tribunal parece que no cumplirá esta exigencia con respecto al delito de malversación. La mayoría de los recursos, como el del secretario general de Junts, Jordi Turull, hacen referencia a los críticos argumentos de la magistrada Ana Ferrer, que en su voto particular, ha alertado a sus cinco compañeros de la sala del Supremo, de que su interpretación de la ley es "peligrosa" porque rompe la seguridad jurídica. Acabada la vía del Supremo, los encausados pedirán amparo al Tribunal Constitucional, al cual también quieren consultar a los magistrados del Supremo porque consideran inconstitucional la ley.
Por su parte, el juez Llarena sí que ha aplicado la ley a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, procesada solo por|para el delito de desobediencia para el 1-O, y ha retirado la orden de su búsqueda al Estado español. Rovira, exiliada en Suiza, que también es investigada por terrorismo en la causa de Tsunami en la Audiencia Nacional.
La primera alcaldesa y un secretario municipal, amnistiados
Aparte de los policías, la sección de apelaciones del TSJC, la primera a aplicar la norma, ha seguido amnistiando a manifestantes, ahora suman unos 22 jóvenes. El TSJC también ha amnistiado al secretario interventor del Ayuntamiento de Hostalric (Selva), condenado por la Audiencia de Girona por prevaricación a nueve años de inhabilitación por autorizar una sanción a una mujer que arrancaba lazos amarillos y pancartas independentistas en julio del 2018. La Audiencia absolvió el exalcalde Josep Antoni Frias y tres concejales de su equipo de gobierno, que se enfrentaban a 12 años de inhabilitación, al concluir que se limitaron a avalar las sanciones confiando en los conocimientos jurídicos del secretario. El secretario recurrió la sentencia, que estaba pendiente de la decisión del TSJC, que ahora le ha extinguido toda responsabilidad.
La Audiencia de Barcelona también ha amnistiado a cuatro agentes de los Mossos de Esquadra, los primeros agentes de la policía catalana que se benefician de la norma y que estaban pendientes de juicio, acusados de maltratar manifestantes, en este caso de David y Álvaro, vecinos de Partes del Vallés que se enfrentaban a 9 años y medio de prisión, y que también han sido amnistiados.
Además, Marta Felip, alcaldesa de Figueres el 1-O del 2017, ha sido la primera del medio millar de alcaldes investigados -y algunos juzgados- por el Referéndum, que ha sido amnistiada por parte del juzgado de lo penal 2 de esta ciudad, según anunció el jueves el gabinete de prensa del TSJC. Felip, defendida por Carles Monguilod, estaba pendiente de juicio por desobediencia, actuación incluida en la norma del olvido penal.
La malversación de los mandos de Junts y ERC
La negativa del Tribunal Supremo a no amnistiar a los líderes del 1-O, porque sostiene que se enriquecieron con el delito de malversación, no ha desanimado a los mandos intermedios de Junts y ERC pendientes de juicio, después de una lectura pausada de las resoluciones dictadas por los jueces Llarena y Marchena. Por ejemplo, el juez Llarena ha avalado que el TSJC haya ordenado la amnistía del exconseller Miquel Buch y de Lluís Escolà porque sostiene que en su caso fue un pago a terceros. La Fiscalía Superior de Catalunya anunció al TSJC que presentaría un recurso de casación al Supremo contra la amnistía de Buch y Escolà, pero la Fiscalía General del Estado ha asegurado que no se hará.
Por eso, las defensas de los investigados de ERC y Junts están esperanzados, sobre todo en el caso de los republicanos Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, que tenían que afrontar un juicio con penas de 7 y 6 años, de prisión, los dos primeros. El hecho de que el Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) no haya emitido una resolución rápida, se interpreta que el tribunal, presidido por el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, estudia los márgenes dados por Llarena y Marchena, todo y que con un vocabulario enrevesado. La Fiscalía ha pedido que los tres sean amnistiados.
Y, la treintena de excargos, empresarios y funcionarios investigados por el gasto del 1-O y de Exteriors saben que su amnistía tiene que llegar unas semanas más tarde, ya que la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona tiene que hacer los últimos trámites y citar a declarar a una decena, como le ha pedido la Fiscalía para no tener ningún problema procesal.
Así, pues, la ley de amnistía tiene las primeras resoluciones, favorables para policías y manifestantes, pero que pueden enquistarse más de un año para los líderes independentistas.