11 de junio de 2024: la ley de amnistía es una realidad. Han tenido que pasar doce días desde que el Congreso de los Diputados le dio luz verde para que la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y, inmediatamente, haya entrado en vigor, según estipula la disposición adicional tercera. Así pues, después de unos días de incertidumbre, se activa el calendario y la pelota queda, ahora sí, en manos de los jueces, que tendrán que empezar a aplicar la norma que tiene que poner fin a la represión contra el independentismo. A partir de hoy, los tribunales tienen que acordar el “alzamiento inmediato” de las medidas cautelares y disponen de dos meses para hacer efectiva la amnistía en el resto de los ámbitos. Empieza una nueva partida.
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Centenares de personas beneficiadas
¿Cuántas personas se podrán beneficiar? Hay dos cálculos sobre la mesa. Por una parte, Alerta Solidària cifra en 419 las personas que pedirán ser amnistiadas de entre los 1.168 activistas y manifestantes represaliados durante el procés. La mayoría son acusados de los delitos de desórdenes y de atentado contra la autoridad, supuestos incluidos en la norma. Del resto de casos, 597 personas vieron sus procedimientos archivados y 152 fueron absueltas. Por su parte, Òmnium Cultural presentó un recuento de 1.616 personas represaliadas que se podrán acoger a la amnistía. Además, la entidad ha impulsado la Sindicatura per l’Amnistia, una herramienta jurídica para que la norma sea una realidad “sin demoras ni argucias ni el boicot de jueces”, según explicó el presidente de Òmnium, Xavier Antich. Finalmente, la fiscalía general del Estado dará a conocer esta semana su propio recuento de causas que los fiscales consideran inicialmente que están incluidas dentro del perímetro de la amnistía.
La amnistía la pueden aplicar los jueces de oficio o a instancias de las defensas o de la Fiscalía
A partir de hoy, habrá que ir esperando los movimientos de los jueces. La ley fija que la amnistía se tendrá que aplicar “por los tribunales de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal” y, sea como sea, “con audiencia previa del Ministerio Fiscal y de las partes”. Ahora bien, fuentes fiscales relataban hace unos días que la Fiscalía no llevará la iniciativa ni pedirá directamente que se aplique la amnistía, ya que entiende que los “primeros interesados” serán las defensas y los tribunales, que son los que tendrán que dar el paso, mientras que los fiscales esperarán que se los pregunte para contestar. Sin embargo, los fiscales sí que serán “proactivos” si ven que la norma no se aplica como debería. Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, subraya que “la aplicación de la norma penal más favorable para los tribunales es una exigencia constitucional” y recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal “hace décadas” que, en el artículo 666, contempla la amnistía como “artículo de previo pronunciamiento”.
Además, las mismas voces de la Fiscalía informaban que Álvaro García Ortiz no hará ninguna instrucción global sobre cuál tiene que ser el papel de los fiscales en relación con las causas susceptibles a ser amnistiadas. Sí que fue así con la ley de amnistía de 1977, pero, a diferencia de entonces, el Ministerio Fiscal esgrime que ahora la amnistía no se aplica a toda España y tiene un “ámbito concreto y dimensionable” con “procedimientos mesurados”. Eso sí, hay un principio de unidad que tiene que aplicarse a escala territorial para que la Fiscalía sea “coherente” en todos los casos. Por otro lado, ante el informe que presentaron los fiscales del procés del Tribunal Supremo en relación con la malversación, fuentes fiscales también recuerdan que el fiscal general siempre “tiene la última palabra” y subrayan que, en caso de desacuerdo, puede emitir una orden con su directriz.
Policías y activistas, los primeros investigados del 1-O que se beneficiarán de la amnistía
Los primeros beneficiados de la amnistía podrían ser policías investigados por dar porrazos y denigrar votantes el 1-O de 2017 y activistas y ciudadanos, acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad en diferentes manifestaciones en Catalunya. Sus causas son relativamente sencillas y están sobre la mesa de jueces y tribunales poco o nada politizados, de los que no se duda de que cumplirán la norma sin pegas y dictarán el archivo de los procedimientos. Así pues, los agentes de la policía española y de la Guardia Civil investigados por dar golpes a votantes del referéndum son de los primeros a los que se les extinguirá su responsabilidad criminal: se prevé que el titular del Juzgado de Instrucción 7, Francesc Miralles, que ha investigado a los 46 agentes de la Policía Nacional procesados por delitos de lesiones leves y contra la integridad moral a votantes en 27 centros de votación de Barcelona, dé carpetazo a la causa.
Como será la aplicación de la amnistía: hablan las asociaciones de jueces y fiscales
Días antes de la publicación de la amnistía en el BOE, ElNacional.cat habla con representantes de diferentes asociaciones de jueces y fiscales para conocer su opinión sobre lo que pasará a partir de ahora. A grandes rasgos, todas las voces consultadas por este medio coinciden en situar en la normalidad el proceso de aplicación de la ley, aunque remarcan su carácter excepcional. “Se aplicará con normalidad, aunque con la inevitable interferencia de las posiciones partidistas que han convertido esta norma en un elemento de confrontación”, relata Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, que pide “sosiego” a los responsables políticos para “permitir que el poder judicial haga su trabajo en un ambiente menos encendido que el actual”.
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Con el diagnóstico general coincide Jesús Arteaga, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, que augura que la aplicación de la amnistía será “bastante peleada” en un contexto en el que “está habiendo demasiada presencia de la justicia, en un sentido amplio, en la política”. “El hecho de que la judicatura esté en medio del debate político es consecuencia directa del interés de muchos en instrumentalizar el trabajo judicial”, añade Edmundo Rodríguez. Eso también preocupa la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Teresa García Villanueva, miembro de su comité nacional, sostiene que cuestionar las decisiones de los jueces supone un “ataque frontal a la independencia judicial” y pide “respeto” por las resoluciones judiciales. “Aplicamos la ley y hacemos uso de los instrumentos de que nos dota el ordenamiento jurídico”, concluye. Sobre las divergencias a la hora de aplicarla, Teresa García las enmarca en lo habitual: “Pasa con muchas leyes”, esgrime. Y deja claro que será el Supremo el que tenga que resolver los recursos que le puedan llegar sobre la aplicación de la norma.
Por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria y conservadora, hay más reticencias sobre cómo llevar a la práctica la amnistía. María Jesús del Barco, presidenta del APM, arguye que, a veces, “el texto es demasiado ambiguo en determinadas cuestiones y tiene cosas demasiado amplias o indeterminadas que no favorecen la aplicación de la norma al caso concreto”. “Planteará más problemas interpretativos de lo que se hace ver, a no ser que se haya querido hacer así expresamente”, remacha.