La ley de amnistía continúa en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya se ha opuesto a validar el texto tal como está ahora porque considera que “tiene agujeros por los cuales la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado” y su negativa devuelve la proposición de ley una fase atrás en la tramitación parlamentaria. La Comisión de Justicia tendrá que volver a estudiar el redactado y tendrá más tiempo para pronunciarse de nuevo. Hay un precedente de una situación como esta: en 1997 con una reforma de la ley del poder judicial.
Ahora se trabajará sobre el dictamen que aprobó la comisión justo el martes pasado y continúan vivas las enmiendas en solitario de Junts y ERC y las transaccionales entre Junts y ERC y entre Junts y el PNV que se han votado en el pleno. Igualmente, si los grupos parlamentarios llegan a otros acuerdos, podrán presentar nuevas enmiendas transaccionales. El primer interrogante aparece hablando del margen que hay para negociar. En principio, el Reglamento del Congreso fija un plazo de un mes para que la comisión se pronuncie, pero como la ley se está tramitando por el procedimiento de urgencia, fuentes de Junts y del PSOE apuntaban que este tiempo se reduciría a la mitad y quedaría en quince días. Sin embargo, fuentes próximas a la presidencia del Congreso indican que es una decisión que tendrá que resolver la mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría. No hay que olvidar que si el plazo queda en quince días, se agotará en plena campaña electoral de las elecciones gallegas.
Sean quince días o un mes, en caso de que la Comisión de Justicia apruebe un nuevo dictamen, la amnistía volverá por cuarta vez al pleno del Congreso, que tendrá que debatirla de nuevo. Igual que este martes, requerirá la mayoría absoluta para recibir la luz verde y poderse remitirse al Senado para continuar la tramitación parlamentaria. La amnistía hibernará durante dos meses en la cámara alta, donde el PP ya ha asegurado que utilizará todos los medios a su alcance para retenerla y cuestionarla. El Senado rechazará la amnistía de arriba abajo y, finalmente, el Congreso le pondrá el sello definitivo. Ahora bien, por todo eso todavía faltan muchos pasos.
1997, el precedente de una ley orgánica que volvió a la comisión
No es la primera vez que el pleno del Congreso rechaza el dictamen de una iniciativa legislativa de carácter orgánico: hay dos precedentes en reformas de la ley del poder judicial que, con 169 votos en los dos casos (la misma cifra de casualidad), se quedaron en las puertas de la mayoría absoluta (176 votos) porque algunos diputados no votaron. Sin embargo, hay matices entre ambos casos. En 1997, en los primeros meses del Gobierno de José María Aznar, se abordó una modificación relacionada con la nulidad de las actuaciones y con el estatuto de jueces y magistrados. El hecho de que a la votación del proyecto de ley faltaran doce diputados impidió llegar a los 176 síes necesarios. Dieciocho días más tarde, la Comisión de Justicia e Interior emitió un nuevo dictamen que, tres días después, recibió la luz verde del pleno.
En aquel momento, el presidente de la comisión, Julio Padilla (del PP), expuso que la Mesa del Congreso había indicado que se podrían tener en cuenta el texto resultante de la deliberación producida en el pleno, las enmiendas presentadas y las enmiendas transaccionales que se pudieran formular. Además, la Mesa de la comisión acordó que el nuevo dictamen “mantuviera inalterado el texto de los artículos que alcanzaron la mayoría absoluta de votos favorables al pleno” y que se sometieran a deliberación y votación tanto las enmiendas votadas en el pleno como las nuevas transaccionales que quisieran proponer los grupos en relación con alguno de los artículos del dictamen.
Una situación parecida se repitió en el 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, en una reforma legislativa para “reforzar la independencia del Poder Judicial”. En aquel caso, de nuevo, la ausencia de diputados de la mayoría (diecisiete del PSOE y seis de partidos que habían dado apoyo a la investidura) imposibilitó que se aprobara el texto. Ahora bien, como el proyecto de ley se estaba tramitando en lectura única (sin pasar por la comisión), la iniciativa fue rechazada definitivamente y el Gobierno tuvo que presentar un nuevo proyecto de ley, que, dos semanas más tarde, sí que consiguió los apoyos del pleno.
El Senado retendrá la amnistía dos meses: la maniobra del PP que el PSOE ha llevado al TC
Volviendo a la actualidad, cuando el Congreso apruebe la amnistía y la remita al Senado, el PP podrá retrasar su entrada en vigor gracias a una reforma del Reglamento que impulsó y aprobó el pasado mes de noviembre. Con el cambio que introdujeron los populares, la Mesa de la cámara alta es la que tiene que decidir si tramita o no de urgencia una proposición de ley que le remite el Congreso y, con el objetivo de obstaculizar la aprobación de la amnistía, la Mesa fijará una tramitación ordinaria, que se puede alargar hasta dos meses. En cambio, antes de esta reforma, la Mesa del Congreso era la competente para decidir sobre la tramitación de urgencia de una iniciativa legislativa presentada a la cámara baja y esta declaración afectaba tanto al Congreso como en el Senado.
Hace unos días, el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra esta reforma del Reglamento del Senado. Los socialistas argumentan que la modificación “vulnera las competencias del Congreso” y alegan que la tramitación de la iniciativa prescindió de los trámites esenciales previstos en el Reglamento, cosa que determinaría la invalidez de la reforma en su totalidad.