Primera amnistía por el procés fuera de Catalunya. La Audiencia de Vizcaya ha aplicado la ley de amnistía y ha anulado las condenas a cuatro personas que participaron en una protesta en Bilbao en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. En octubre de 2019, estas cuatro personas participaron en una sentada que cortó una carretera de acceso a Bilbao. En ella, tres de ellos insultaron y agredieron a los ertzainas que les retiraron de la calle y el cuarto participó después en el vuelco de ocho contenedores para impedir el paso a la Ertzaintza.
El pasado abril la Audiencia de Vizcaya condenó a los tres primeros por resistencia a la autoridad y lesiones leves a multas e indemnizaciones a los ertzainas heridos, y al cuarto por un delito de desórdenes públicos a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Ahora, el mismo tribunal ha declarado "extinguida la responsabilidad criminal por aplicación de la amnistía, así como de la responsabilidad civil derivada de los delitos amnistiados".
En su resolución, el tribunal determina que los hechos juzgados se adscriben al perímetro marcado por la ley de amnistía para despenalizar los hechos ocurridos alrededor del conflicto político del procés catalán. Una norma aprobada por el Congreso de los Diputados que engloba en su artículo primero todos los "actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública", tal y como recuerda el magistrado su razonamiento jurídico para sustentar la decisión.
Policías y manifestantes
Tres meses después de que entrara en vigor la amnistía, de momento, se han beneficiado un centenar de personas de la norma, todas encausadas por hechos ocurridos alrededor del 1-O y las posteriores movilizaciones postsentencias condenatorias. Los principales beneficiados por el momento han sido policías, una cincuentena, encausados por la represión violenta del referéndum y de las protestas de 2019. También se han beneficiado una cuarentena de activistas y ciudadanos anónimos implicados en las movilizaciones independentistas e imputados por delitos como atentado a la autoridad, desórdenes públicos o lesiones.
En el terreno de la política es donde la aplicación de la norma se ha batallado con dureza. Se ha aplicado, por ejemplo, a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, por desórdenes públicos; o al exconseller de Interior, Miquel Buch, por malversación y prevaricación al poner un guardaespaldas a Carles Puigdemont. Por contra, otros altos cargos implicados como el propio president Puigdemont, Toni Comín o Lluís Puig deberán batallar la aplicación de la medida de gracia en los tribunales europeos, ya que por el momento el juez Pablo Llarena ha descartado hacerlo y mantiene la orden de detención.
La amnistía, bajo la lupa del TC
Por el momento, la aplicación de la ley por parte del TS queda en espera, porque la Sala de lo Penal la ha derivado al Tribunal Constitucional por las dudas de los magistrados sobre la constitucionalidad de la norma. También han presentado sendos recursos contra la norma todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el gobierno de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page. De momento, el TC ha admitido a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, un asunto del que ahora deberá deliberar y para lo que se ha apartado el magistrado Juan Carlos Campo, exministro del gobierno de Pedro Sánchez. El recorrido jurídico será largo, la resolución del TC puede tardar hasta un año.