La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha celebrado la resolución de la ONU que alerta de la vulneración de derechos que supuso el caso Pegasus. Feliu ha destacado que en el informe "ha quedado patente la vulneración de derechos fundamentales que sufren los catalanes" y considera que eso "refuerza todavía más los argumentos a favor de la autodeterminación y de la independencia del país como única vía para proteger sus derechos". En un comunicado, la entidad ha destacado la importancia del posicionamiento de las Naciones Unidas y ha subrayado que en la resolución "se reconoce que la represión del Estado español puede provocar un grave efecto paralizador en el seno del movimiento independentista catalán".
Dolors Feliu ha querido remarcar que se trata de la segunda vez en que los catalanes han sido reconocidos como minoría nacional en un documento oficial de las Naciones Unidas, donde también se utiliza la terminología de pueblo catalán, y que "a pesar de la respuesta inocua del Gobierno a la resolución, gracias a la tarea de denuncia internacional hecha por Asamblea y otras organizaciones, ha quedado patente la vulneración de derechos fundamentales que sufren los catalanes y catalanas, hecho que refuerza todavía más los argumentos en favor de la autodeterminación y de la independencia del país como única vía para proteger sus derechos".
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha reconocido en una resolución que el uso de Pegasus contra el independentismo catalán es una vulneración de derechos fundamentales. Además, ha exigido al Estado español que tome "todas las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales" de las víctimas; y ha instado a España a investigar, procesar, imponer las sanciones adecuadas y "tomar medidas efectivas" para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. En el texto, la ONU ha expresado una "preocupación muy seria" por este "programa de espionaje extenso y bien coordinado" sobre activistas y figuras públicas independentistas. Además, ha denunciado que el espionaje masivo vulneró el derecho "a reunirse pacíficamente y participar en asociaciones", a "tener vida privada y privacidad en la correspondencia", a "ser iguales ante la ley", así como puso en peligro "el derecho a la libertad de opinión y expresión en Catalunya".
La resolución recoge el espionaje al presidente del Gobierno, Pere Aragonès; la consellera de Acción Exterior y la UE, Meritxell Serret; los exlíderes de la ANC Elisenda Paluzie y Jordi Sánchez; el abogado Andreu Van den Eynde; la dirigente de ERC Marta Rovira; o el exdiputado de ERC y actual director de la Oficina de Estrategia y Comunicación del Gobierno, Sergi Sabrià, o los eurodiputados republicanos Jordi Solé y Riba. Desde Esquerra se espera que esta resolución impulse la justicia española a dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas.