La Asamblea Nacional de Catalunya continúa con su trabajo de defensa de la independencia. Ahora, conjuntamente con la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO, por sus siglas en inglés), han enviado una carta a las Naciones Unidas, concretamente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que depende de la ONU, para denunciar la criminalización del movimiento independentista y la falta de respeto al Estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los catalanes. Este informe se ha remitido en el marco de la cuarta Revisión Periódica Universal (RPU) del Estado español, que tendrá lugar el año 2025. La última vez que España pasó por este "examen" fue enero del 2020. El resultado fue un documento con 275 recomendaciones propuestas por 110 estados, entre las cuales había, a propuesta de Bolivia y Venezuela, "empezó un diálogo constructivo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el pueblo de Catalunya, mientras el Canadá sugería revisar las leyes relativas a los delitos de injurias a la corona y de ofensa a los sentimientos religiosos.

En el escrito enviado en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos se critica la politización y falta sistemática de independencia judicial, que ha erosionado el derecho a un juicio justo y a la igualdad. A pesar de la aprobación de la ley de amnistía el mayo pasado, los jueces españoles siguen aplicándola de manera desigual, basándose en "una interpretación distorsionada de la legislación", denuncian desde la Asamblea. Este jueves. en el Parlament, se aprobó una resolución que reclamaba la aplicación de la amnistía, pero, en cambio, naufragó la que proponía rechazar la "rebelión judicial con el "no" del PSC. La carta también informa de que "se utilizaron canales oficiales de comunicación interna de la Autoridad Judicial española para instruir a los jueces españoles sobre cómo obstaculizar su implementación". Aunque la ley de amnistía excluye los casos de tortura y tratos inhumanos y degradantes, se ha aplicado a 51 policías españoles acusados de violencia policial desproporcionada contra manifestantes pacíficos durante el referéndum de independencia del 2017, añade la ANC en un comunicado.

Operación Judas y los CDR

La entidad presidida por Lluís Llach subrayar el "carácter pacífico" del independentismo catalán y que, así y todo, las autoridades españolas han acusado falsamente a los activistas de violencia, tildándolos de terroristas, "con la finalidad de criminalizar el derecho a manifestarse, creando un efecto paralizador que amenaza el derecho a la libertad de reunión y de asociación". En el informe se hace referencia a la operación Judas contra 12 activistas de las plataformas de activistas no violentas como son los CDR, que estuvieron en prisión preventiva durante cuatro meses en el 2019: "Su caso todavía está pendiente, ya que el juez responsable se negó a aplicarles la Amnistía, e hizo llegar una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otros activistas del CDR también fueron acusados arbitrariamente de terrorismo y finalmente fueron absueltos, sin que sus casos acabaran con ninguna condena," lamentan desde la entidad independentista.