A las puertas del Examen Periódico Universal de la ONU en el Estado, la ANC ha enviado a una serie de embajadas un informe sobre las violaciones de derechos humanos contra "el pueblo catalán" que han sucedido al estado en el último quinquenio. El objetivo es, explican desde la entidad en un comunicado, "garantizar el escrutinio internacional ante la represión sistemática que sufren los catalanes" y sensibilizar otros países para "fomentar la presión diplomática para que España rinda cuentas". Las embajadas que han recibido este documento son aquellas que en los últimos tiempos han expresado "preocupación o tienen un vínculo con la cuestión". Este documento en cuestión es un resumen del informe que presentaron con la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UPNO), de la cual la Assemblea forma parte. Después, se entregó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es quien se encarga del Examen Periódico Universal, el mecanismo de la ONU para evaluar cada cuatro años y medio el estado de situación de los derechos humanos en 193 estados. Este año, le toca al Estado someterse a este examen.
En el escrito que ahora se ha enviado a las embajadas se critica la politización y falta sistemática de independencia judicial, que ha erosionado el derecho a un juicio justo y a la igualdad. A pesar de la aprobación de la ley de amnistía el mayo pasado, hace ya prácticamente un año, los jueces españoles siguen aplicándola de manera desigual, haciendo "una interpretación distorsionada de la legislación", denuncian desde la Assemblea. La carta también informa de que "se utilizaron canales oficiales de comunicación interna de la Autoridad Judicial española para instruir a los jueces españoles sobre cómo obstaculizar su implementación". Así, en el documento en cuestión, la Asamblea denuncia un "patrón de represión estatal, incluyendo la persecución judicial de líderes políticos y sociales catalanes, la vigilancia ilegal de más de 65 catalanes con el espionaje Pegasus," así como ataques contra la libertad de expresión y brutalidad policial contra manifestantes pacíficos o los "intentos de España de erosionar la lengua y la cultura catalanas mediante políticas discriminatorias en la educación y la administración pública".
Las recomendaciones de los otros países en España en el 2020
La última vez que España pasó por este "examen" fue enero del 2020. El resultado fue un documento con 275 recomendaciones propuestas por 110 estados, entre las cuales había, a propuesta de Bolivia y Venezuela, "empezó un diálogo constructivo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el pueblo de Catalunya, mientras el Canadá sugería revisar las leyes relativas a los delitos de injurias a la corona y de ofensa a los sentimientos religiosos, entre muchas otras. En este sentido, desde la Aseamblea lamentan que a pesar de las recomendaciones en el pasado, "España no ha implementado reformas significativas y sigue vulnerando derechos fundamentales".