El Secretariat Nacional de la Assemblea Nacional Catalana ha emitido un comunicado en el que exige al Govern que "defienda y cubra hasta el último céntimo" a los 34 ex altos cargos encausados de la Generalitat que la semana pasada recibieron la notificación de las fianzas millonarias que les exige el Tribunal de Cuentas. Este posicionamiento de la ANC se ha adoptado en la última sesión plenaria del Secretariat.

Para la entidad soberanista, las personas afectadas "actuaron en ejercicio de sus funciones dentro de la Generalitat, aplicando las atribuciones y competencias que el Estatut de autonomía daba" y, por eso, entienden que tiene que ser el Govern quien "defienda" a los encausados. En caso contrario, la Assemblea considera que "sería renunciar a la defensa de la legitimidad del Govern y de su acción y dejar desamparados sus cargos", lo cual creen que "crearía un precedente que dejaría tocada la credibilidad de la institución de cara al futuro".

Sobre las cajas de solidaridad

En otras ocasiones, han sido las cajas de solidaridad las que han permitido ayudar a paliar los efectos de las millonadas que ha requerido el Tribunal de Cuentas a otros políticos, como fue el caso de las fianzas exigidas a miembros del Govern Mas por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Sobre esta posibilidad, la ANC opina que "traspasar la responsabilidad de defender a los miembros del Govern a la sociedad civil debilita el movimiento independentista" porque entienden que "lo situaría en una situación de desamparo que incluso puede incentivar un aumento de la represión económica".

Esta vía, subrayan, tiene que ser "la última trinchera" y, en todo caso, también tiene que convertirse en un mecanismo "que tiene que servir sobre todo para el independentismo de base que no tiene el paraguas de una institución, partido político u organización".

La respuesta que prepara el Govern

ElNacional.cat avanzó que el ejecutivo que preside Pere Aragonès trabaja en un resquicio para poder cubrir a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas, que exige una suma de 5,4 millones de euros a abonar en poco más de una semana. Los servicios jurídicos de la Generalitat exploran si hay algún mecanismo viable que permita cubrir las espaldas a los 34 ex altos cargos afectados.

Uno de los caminos, que podría ser el aval directo, se percibe complicado desde el punto de vista jurídico, dado que el Govern también trata de garantizar que el Tribunal de Cuentas no pueda tumbar ninguna vía. Una alternativa puede pasar por el seguro de la Generalitat, pero nada está cerrado. En cualquier caso, el ejecutivo intentará dar una respuesta tan pronto como pueda dado el plazo que tienen los encausados para pagar la fianza y también para tener un margen que permita encontrar otras soluciones si no hay ningún mecanismo que permita dar cobertura a los afectados.

 

Imagen principal: Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, en un acto de la entidad en Cornellà. Montse Giralt.