Si el gobierno español está llevando a juicio "más de 400 casos en contra del Govern" es debido a "la clara incapacidad para negociar del gobierno español", según ha querido dejar claro la miembro del secretariado nacional de la ANC Montse Daban en el diario escocés The National.
Daban ha cargado duro contra el ejecutivo de Mariano Rajoy por juzgar las personalidades políticas que está llevando a los tribunales por el proceso poniendo de relieve que "permitir un debate parlamentario, promover una consulta no vinculante sobre el futuro de los catalanes en el Parlament o, incluso, colgar una bandera fuera del Ayuntamiento de un municipio" son "acciones democráticas".
Precisamente por eso, ha preguntado abiertamente que "cuáles son los cargos" que se le imputan a políticos como el expresident Artur Mas, las exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs. Todos han pasado por los juzgados en las últimas semanas y todos por una misma causa: poner las urnas el 9-N o permitir votar sobre las conclusiones del proceso constituyente a la cámara catalana.
El carnaval de la democracia
La miembro del secretariado del ANC ha querido enviar un mensaje al resto de Europa asegurando que "este comportamiento es el resultado de una clara incapacidad para negociar y eso está llevando [al Estado español] hacia una situación totalmente irracional", una situación que deja entrever que "alguna cosa está mal en la democracia española, y cada vez va a peor".
De hecho, esta "democracia" en que se encuentra inmerso el Estado está, según su opinión, "llegando a niveles de carnaval: grotescos y ridículos". El medio citado aprovecha entonces para dar un repaso a los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Catalunya, la mayoría sobre ofensivas de alguna rama del gobierno central como, por ejemplo, las posibles inhabilitaciones en los políticos ya mencionados.
Justamente por eso, Daban ha querido recordar que una partida de los presupuestos de la Generalitat está destinada a la celebración del referéndum, que se celebrará en septiembre, mientras que Cs, el PSC y el PP pidieron al Consejo de Garantías Estatutarias que revisara las cuentas del Gobierno porque destinar este dinero a procesos refrendarios les parecía "ilegal" y se hace eco del aviso que este organismo hizo el viernes pasado por no responder al reparto de competencias que fijan tanto la Constitución como el Estatut.
Sin embargo, subraya el diario, el president del Govern, Carles Puigdemont, ya aseguró que "la partida para el referéndum está avalada y, por lo tanto, se hará".