La Generalitat hizo público este lunes el anuncio para comprar urnas de cara a elecciones en el Parlament y consultas populares. Esta comunicación ya tiene encima la sombra de una futura querella de la Fiscalía, anunciada poco rato después de haberse conocido.

El órgano judicial todavía no ha concretado por dónde tirará su argumentación en contra de la compra de urnas por parte de la Generalitat, ya que no hay ninguna ley que lo prohíba explícitamente. No se conoce ni el delito que se imputará ni los sujetos que serán el blanco.

Sin embargo, hay un antecedente que seguro que la Fiscalía tendrá que tener muy presente a la hora de buscar la vía para intentar detener la acción del Govern para conseguir celebrar el referéndum. Se trata de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hace unos años.

Mismos emisores

El 26 de enero del 2004, el gobierno andaluz, presidido por el socialista Manuel Chaves, publicaba una resolución donde se anunciaba que había encargado la adquisición de urnas por valor de más de 115.000 euros. Aquel anuncio coincide prácticamente en todos los parámetros con el que la Generalitat emitió este lunes.

Los organismos que encabezan los contratos son, en los dos casos, las respectivas consejerías de Gobernación, que lo tramitan a través de su Secretaría General -o Servicio de Administración General, en el caso de Andalucía. Los firmantes son Francesc Esteve i Balagué, en el anuncio de la Generalitat, y Rafael Cantueso Burguillos, en el de Andalucía.

El anuncio andaluz -el segundo de la primera página-, publicado el BOJA:

Las seis palabras

Los dos documentos son contratos, literalmente, "de suministro de urnas para la celebración de elecciones" a los parlamentos correspondientes. En este punto del anuncio catalán, sin embargo, llegan las seis palabras a las que posiblemente se aferre la Fiscalía para llevar a la Generalitat a los tribunales.

Y es que Catalunya explica que también quiere las urnas para "consultas populares y otras formas de participación ciudadana". Con este objetivo, se compran urnas de metacrilato pero también de cartón, para adaptarse a las normas de cada proceso participativo.

Base legal

Aunque a continuación se presenten hasta cuatro leyes que dan base legal a estos usos -incluidos los que prevén consultas populares-, han saltado las alarmas en el órgano judicial, tal como hace unos días el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, había adelantado que pasaría.

En cuanto a la elección de la empresa encargada de las urnas, Catalunya ha hecho un procedimiento abierto con un plazo de 15 días para presentar ofertas que se escogerán según criterios de precio. Andalucía, en cambio, negoció el contrato directamente con la empresa sin hacer público ningún anuncio de licitación previo.

El anuncio catalán, publicado en el DOGC:

Compra de urnas habitual

La del 2004 no fue ni la primera ni la última compra de urnas por parte de Andalucía. De hecho, se pueden encontrar documentos de compra de urnas desde el año 1994, cuando se celebraron las primeras elecciones con Chaves al frente de la Junta. A partir de entonces, el gobierno andaluz las habría comprado en varias celebraciones electorales hasta el año 2015, aunque no todos los documentos están disponibles en el portal del BOJA.

Con estas compras, la comunidad autónoma deja de depender directamente de las urnas proporcionadas por el gobierno central y, así, gana más autonomía y flexibilidad. Y, por ahora, lo hace sin ninguna querella de la Fiscalía de por medio.