Andorra ha aprobado la histórica ley que obligará a tener un nivel mínimo de catalán, también a los youtubers. Concretamente, la nueva ley de la lengua propia y oficial prevé que a partir de 2029 se requiera acreditar un nivel mínimo de catalán a todos los residentes para poder renovar su permiso de inmigración. El texto se ha aprobado este jueves en la sesión del Consell General por 25 votos a favor y 3 en contra correspondientes al grupo parlamentario minoritario de Andorra Endavant. Así, se ha mostrado el amplio consenso conseguido con el trabajo en comisión del proyecto de ley: los votos a favor de los grupos de la mayoría, Demòcrates y Ciutadans Compromesos; y de los de la oposición, Concòrdia y el Partit Socialdemòcrata.

El texto final prevé que a partir del 2026 se tendrá que hacer una formación de catalán de 30 horas para obtener la renovación del permiso de residencia y trabajo si no se acredita un nivel A1, que será necesario en la primera renovación. En la segunda, el nivel a acreditar será el A2 y, a partir del 2029, esta exigencia será aplicable a todos los permisos de inmigración que emite el Principat. Esto afectará a los youtubers, los residentes pasivos y los deportistas. Por su parte, las empresas tendrán que garantizar la atención al público en catalán y la obligación de las administraciones de fomentar la promoción de las obras audiovisuales en catalán.

La ministra andorrana de Cultura, Mònica Bonell, ha defendido el texto y ha afirmado que el número de personas que asisten a los cursos de catalán se ha triplicado desde que se dio a conocer, llegando a las 1.800. Es por eso que ha defendido que la ley será positiva, ya que la lengua no se tiene que ver como una barrera, sino "como una oportunidad por compartir y como una herramienta de integración".

La consellera general de Andorra Endavant, Noemí Amador, ha criticado la norma porque considera que puede generar "resistencia y aversión" a la lengua, así como poner en peligro la economía y la cohesión social. También ha lamentado los importes de las sanciones previstas, que pueden llegar a los 60.000 euros en los casos más graves, y ha calificado la ley de "excesiva y coercitiva".

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