La denuncia de los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA) contra agentes de la Policía Nacional española por coacciones relacionadas con el caso Pujol empieza a dar frutos.

Según revela hoy El Confidencial, la justicia andorrana ya investiga el papel de la policía española en una trama supuestamente circunscrita en la llamada Operación Catalunya, prevista para socavar la imagen de políticos catalanistas en un intento de torpedear la linea de flotación del independentismo.

Tras la declaración de Higini Cierco ante la batlle de instrucción Canòlic Mignorance a mediados de agosto pasado, en las cuales revelaba una trama de coacciones y extorsiones que pretendían asegurar la viabilidad de la compra de Banco de Madrid por parte de BPA a cambio de conseguir informaciones bancarias de la familia Pujol y otros líderes del catalanismo, las autoridades andorranas ya han tomado la decisión de realizar todas las gestiones que sean necesarias ante el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de conseguir que los policías implicados puedan declarar ante un juez andorrano.

Un informe policial español lo confirma

Las investigaciones sobre agentes policiales españoles deberán contar con la colaboración del Gobierno español, actualmente en funciones. En todo caso, el hecho es que un informe policial fechado en julio del 2014 confirmaba las coacciones de la policía española a los hermanos Higini y Ramon Cierco.

​El informe policial vio la luz en el marco de la guerra de información que se mantiene en el seno de la policía española por el enfrentamiento entre los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas –que habría permitido la filtración de las conversaciones entre Jorge Fernández y Daniel de Alfonso–. En él se constataba el interés de la policía por conseguir los datos bancarios de los Pujol en Andorra, tal como han denunciado recientemente los hermanos Cierco, y se criticaba su "actitud reticente" a la hora de aportar esos datos.

En el trasfondo de las supuestas coacciones se encontraba la compra de Banco Madrid por parte de la BPA, y el temor por parte de los responsables de la entidad andorrana de perder la licencia para operar con esa marca española.