El abogado Andreu Van den Eynde, a través del Centre Irídia, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra la decisión del Juzgado de Instrucción n.º 24 de denegar la ampliación de la querella presentada el noviembre pasado. En esta querella se identificaban tres altos cargos del entramado empresarial NSO Group, con presencia principal en Luxemburgo. Con la ampliación, se pretendía que los responsables legales de las empresas fueran citados a declarar en el marco de la investigación por el uso del software espía Pegasus contra el abogado. Con el recurso presentado ahora, Irídia reafirma la necesidad de que estas personas sean investigadas por su papel en esta trama de espionaje y solicita la toma de declaración como investigada de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López.
La entonces directora del CNI, admitió haber espiado a varios líderes políticos independentistas en el Congreso y poco después fue destituida a raíz del escándalo del espionaje. "Como se ha dicho en anteriores ocasiones, las características de los objetivos espiados demuestran una clara motivación de índole política que solo sería de interés en clave interna y con finalidades de espionaje político para agencias de inteligencia como el CNI", justifica el escrito.
Después de más de dos años, se ha activado la Orden de Investigación Europea (OIE) en Luxemburgo para avanzar en la causa, recuerda Irídia que matiza que, aunque este paso es relevante, resulta insuficiente y contradictorio con la decisión de inadmitir la ampliación de la querella presentada en noviembre de 2024. Además, la entidad destaca que cada vez hay más evidencias que demostrarían la ilegalidad del uso de Pegasus.
Irídia pide la imputación del CNI
Por otra parte, Irídia ha solicitado la imputación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ya que considera que el Estado español es un actor clave en el uso de este software de espionaje ilegal. "No es suficiente con investigar a NSO Group; también hay que señalar a quién ha utilizado este software y bajo qué condiciones, para entender el alcance real de esta operación. Ante el silencio y la opacidad del Gobierno y de NSO Group", Irídia recuerda que el Estado tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades por esta grave vulneración de derechos fundamentales.
"El uso del software espía Pegasus contra representantes de la sociedad civil y otros actores políticos y sociales, incluyendo a tres abogados, supone un ataque grave al Estado de derecho y a la democracia", recuerda Irídia, que añade que el espionaje sin garantías judiciales, realizado de manera opaca y amparado en un marco legislativo débil (como la Ley del CNI), "representa una vulneración gravísima de los derechos humanos, con afectaciones tanto individuales como colectivas".
Por todo eso, Irídia exige una investigación exhaustiva, imparcial y efectiva que no solo analice la implicación de NSO Group, sino también las responsabilidades del Estado español en este caso de espionaje ilegal. "Esta investigación tiene que incluir tanto los 18 casos en que hubo autorización judicial como los 47 en que no hubo", matizan.