Un trámite y un reto. La exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, comparecerá este miércoles, a las once y media de la mañana, ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa contra los independentistas catalanes, para tomarle declaración indagatoria, después de la cual le comunicará su procesamiento formal por un delito de desobediencia, que no implica prisión sino inhabilitación a cargo público y multa. Esta comparecencia es un trámite, ya que la cupaire no tiene ningún cargo público y, por lo tanto, ningún aforo y su caso no es competencia del Supremo, el cual ahora tendrá que derivar su expediente en un tribunal ordinario, que tendría que ser un juzgado de instrucción de Barcelona, porque se la acusó por promover la votación de las leyes de desconexión en el Parlament.
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En consecuencia, el reto de la defensa de Anna Gabriel, que ahora dirige al abogado Iñigo Iruin, es que la exdiputada no sea juzgada por ningún juez con el precedente de la absolución de su excompañera de partido Mireia Boya por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), con un razonamiento contundente, en octubre de 2020, después de ser juzgada con los miembros soberanistas de la mesa del Parlament que encabezaba Carme Forcadell. Gabriel ya sabe que si, al final, es juzgada, en un juzgado penal de Barcelona, será absuelta, como Boya.
Apoyo de la CUP, ERC y Junts
Aunque es una comparecencia de trámite en Madrid, el partido anticapitalista ha convocado una concentración de apoyo a Anna Gabriel a las puertas del Supremo. Y está previsto que Gabriel, al salir de la comparecencia, haga declaraciones a los medios de comunicación en la plaza de las Salesas. También lo harán la portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Maria Sirvent, así como del portavoz de Endavant, Lluc Gayà. Una delegación de Esquerra Republicana, con el presidente del partido, Oriol Junqueras, también ha anunciado que acompañará a Gabriel al Supremo. También lo harán el vicepresident y portavoz de Junts, Josep Rius, y el diputado al Congrès de los diputados, Josep Pagès. Después de esta comparecencia, Gabriel intervendrá este domingo en el acto de clausura de la Escuela de Verano de la CUP. La exlíder de los anticapitalistas, sin embargo, no tiene intención de volver a la actividad política en Catalunya, según fuentes próximas, sino que quiere mantener su residencia en Ginebra, donde actualmente es la secretaria general del sindicato UNÍA.
Ninguna sorpresa delictiva
Con la sentencia absolutoria de Boya, la entonces portavoz del grupo parlamentario de la CUP podría haber vuelto en Catalunya hace dos años. Inicialmente, el temor de su defensa anterior es que el juez Llarena se resistía a enviar su caso directamente a un juzgado de Barcelona; exigía que pasara por su despacho, en Madrid, como hará hoy. Con esta insistencia, se temía que el magistrado le pudiera imputar algún delito más. Aclarados que no hay peligros, Gabriel pasará por el despacho de Llarena, como hizo la exconsellera y actual diputada de ERC, Meritxell Serret, pendiente de ser juzgada en el TSJC por desobediencia, y también defendida por Iñigo Iruin.
Gabriel se presentó ante el juez Llarena el 19 de julio pasado, después de cerca de cuatro años de exilio en Suiza, país donde volvió después de la comparecencia judicial. El juez Llarena decretó la libertad provisional para la cupaire, con la obligación de comparecer en el Tribunal Supremo tantas veces como fuera llamada y dar un teléfono para ser localizada. Además, el juez instructor dejó sin efecto el llamamiento nacional de búsqueda y detención de Gabriel, ya que judicialmente era declarada en rebeldía. Habrá que ver si después de la comparecencia de hoy se le exige alguna medida más o no.
El TC no quería limitar las iniciativas al Parlament
Para conseguir la absolución de Gabriel o que ni se siente en el banquillo de los acusados, su abogado solo tiene que aportar al nuevo juez instructor la sentencia del TSJC, que condenó a 20 meses de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 30.000 euros a Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Corominas, mientras absolvió a Mireia Boya. La resolución del tribunal -formado por el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, Jordi Seguí y Carlos Ramos, que era el ponente- fue una enmienda al juez Pablo Llarena. El tribunal absolvió a Boya fundamentalmente porque asegura que no fue advertida nominalmente por el Tribunal Constitucional (TC) y porque no ostentaba ningún cargo público, requisitos legales para poder condenarla por el delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, que solamente afecta a autoridades y funcionarios públicos. Y, con este precedente, la fiscalía tendría que hacer decaer y retirar su acusación contra Gabriel.
Boya, entonces presidenta del grupo de la CUP, y Gabriel, portavoz del grupo de la CUP (junto con Lluís Corominas, entonces portavoz de Junts), fueron acusadas y procesadas por el delito de desobediencia por: haber registrado en el Parlament el 28 de agosto de 2017 la proposición de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República; haber reclamado a la Mesa del Parlament, el 6 de septiembre, la admisión a trámite de las leyes de Referéndum y la jurídica, y finalmente haber presentado el 27 de octubre en la Mesa del Parlament un escrito conjunto dos propuestas de resolución, la primera llamada Declaración de los representantes de Catalunya y la segunda Proceso constituyente. Es decir, de por haber presentado varias iniciativas parlamentarias y por haber pedido una rápida tramitación.
"Solo hay que observar las partes argumentativas y dispositivas de las resoluciones del TC, que recoge los requerimientos y las advertencias, y en ninguna de ellas se expresa, ni siquiera se sugiere que el TC quisiera prohibir o limitar la presentación de iniciativas, propuestas o proposiciones parlamentarias, cualquiera que fuera su contenido, por los diputados o por sus representantes dentro de cada grupo parlamentario, sino solo su admisión a trámite por la Mesa o directamente por el pleno", afirma el magistrado Carlos Ramos en la sentencia. Y continúa: "El TC tampoco se planteó requerir a todos los diputados que se abstuvieran de votar a favor de estas incitativas con el fin de evitar que dieran lugar a la aprobación de las resoluciones o leyes, aunque al final decretó su inconstitucionalidad y nulidad". El TSJC también descartaba que la conducta de Boya fuera de inducción o de cooperación necesaria o de complicidad en un delito de desobediencia.
El TSJC enmienda el juez Llarena
En la sentencia, el TSJC afirma que no ignora, que fue el juez instructor Pablo Llarena quien procesó Boya y que cuando se le dijo que la cupaire no formaba parte de la Mesa, y que nunca fue requerida personalmente, ni por su actividad parlamentaria, Llarena respondió que "los requerimientos del TC no solo se dirigieron a la Mesa sino a todos los poderes implicados y a sus titulares", además de tratarse de una autoridad pública que no podía ignorar este requerimiento. También precisa que su defensa no recurrió en apelación la resolución de Llarena. En la sentencia absolutoria, el TSJC rompe con el criterio más inquisidor de Llarena, y absuelve Boya del delito de desobediencia y se pronuncia sobre acontecimientos futuros, ahora actuales: "Somos conscientes que de lo que se decida respecto de ella [Boya] podría tener consecuencias respecto de otros procesados que se encuentran en rebeldía y pendientes de ser juzgados." Es decir, Anna Gabriel.