Hacía cuatro años y medio que no pasaba. Después de marcharse a Ginebra (Suiza) en el 2018, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha reaparecido, en Madrid, para comparecer ante el Tribunal Supremo por los hechos del otoño de 2017. A la espera de la decisión del alto tribunal, Gabriel, con lágrimas en los ojos, ha pedido que su causa "se archive o se envíe a Barcelona", haciendo referencia a los tribunales ordinarios. La declaración indagatoria —que ha durado poco más de diez minutos— ha sido rápida y, según ha explicado ella misma en la salida en una breve intervención, el juez que instruye la investigación Pablo Llarena solo le ha preguntado "si había sido requerida por el Tribunal Constitucional en relación a su actividad parlamentaria". Ella ha declinado responder a VOX, que actúa como acusación popular en la causa del procés.
Visiblemente emocionada, la que fue líder de la CUP durante los hechos de 2017 ha afirmado que "nunca se hubiera tenido que producir la judicialización de una aspiración legítima de un pueblo", ha añadido que, a pesar de la represión, "los principios continúan intactos" y ha agradecido la "solidaridad antirrepresiva de la militancia" desde que se fue a Suiza. Fuentes de la CUP han añadido que Gabriel se quedará en el país helvético donde "tiene compromisos profesionales y militantes", en relación a la dirección que ostenta del sindicato UNIA. El juez tampoco le ha interpuesto medidas cautelares y sigue disfrutando de libertad de movimientos.
Envuelta por el independentismo
Una importante representación del independentismo ha acompañado a la exdiputada cupaire empezando por una veintena de militantes de la formación anticapitalista y su portavoz del secretariado nacional, Maria Sirvent. La comitiva de Esquerra la ha encabezado Oriol Junqueras, que ha acudido a las puertas del Supremo después de avisar de que la independencia "no es cuestión ni de plazos ni de tiempo". El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha ido en nombre del partido de Carles Puigdemont, Jaume Asens representando a En Comú Podem, los diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu por parte de EH Bildu y Néstor Rego, del BNG. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, también ha asistido mientras que no había nadie de la ANC.
La esperanza de Boya
Gabriel se presentó voluntariamente y sin avisar el pasado 19 de julio delante del Supremo y el juez Llarena la dejó en libertad retirándole la orden de detención, con permiso para moverse por todo el Estado, a la espera de resolver el procedimiento judicial. Por haber promovido la DUI en el 2017 está procesada por desobediencia, delito que no comporta prisión, sino inhabilitación para cargo público y multa. En cualquier caso, como ya no es diputada en el Parlamento de Catalunya, su caso no es competencia del Supremo porque no es aforada y, si Llarena no archiva la causa, su defensa confía en que viaje hacia los tribunales ordinarios, que tendría que ser un juez de instrucción de Barcelona.
El reto de la defensa de Gabriel, que ahora dirige el abogado Iñigo Iruin —el mismo que lleva a la exconsellera Meritxell Serret—, es que la exdiputada no sea juzgada por ningún juez con el precedente de la absolución de su excompañera Mireia Boya por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), con un razonamiento contundente en octubre de 2020, después de ser juzgada con los miembros soberanista de la mesa del Parlament que encabezaba Carme Forcadell. Gabriel ya sabe que si, al final, es juzgada en un juzgado de lo penal de Barcelona, será absuelta, como Boya.