Ciudadanos y Partido Popular han intentado boicotear la protesta diaria en la Meridiana. Los diputados de Ciudadanos Anna Grau y Nacho Martín Blanco y el concejal del Partido Popular al Ayuntamiento de Barcelona Josep Bou han participado en una concentración convocada contra los cortes que se producen en la avenida Meridiana desde el otoño de 2019, a raíz de la sentencia del procés.

Como era de esperar los políticos españolistas han sido recibidos por los manifestantes independentistas al grito de "provocadores!." Rápidamente, la policía los ha acordonado y los ha acompañado para que se alejaran de la concentración 'Meridiana resiste', que reivindica la independencia de Catalunya.

"Hay gente que cobra"

Grau ha asegurado que las calles son de todos los catalanes y que las quiere libres porque eso es un "intolerable abuso de poder". La diputada de Ciudadanos ha añadido que estos cortes son posibles gracias a la "complicidad" de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y las fuerzas del orden. Finalmente, ha pedido, en declaraciones a los medios, "una ciudad libre y segura".

El concejal del PP no se queda corto y ha afirmado que estos cortes de protesta "los promueve el Govern" y que está seguro de que "hay gente que cobra para estar molestando". Bou ha criticado la concentración independentista y afirma que afecta los empresarios, comerciantes y vecinos de la zona. También ha argumentado que está "promocionado y tolerado" desde el ejecutivo catalán.

Ya intentaron vía Parlamento

Vox, Ciudadanos y el PP vieron cómo fracasó toda una serie de mociones que presentaron al Parlamento hace unos meses y que, entre muchas otras cosas, pretendían que el Gobierno impidiera las protestas de los CDR y los cortes de la avenida Meridiana de Barcelona o que se volviera a hacer la defensa jurídica de los Mossos desde la Conselleria de Interior. Aunque las mociones englobaban varios temas que tienen que ver con la seguridad pública, algunos de los puntos iban encaminados a disminuir las movilizaciones independentistas y endurecer todavía más las consecuencias penales sobre ellas.

Así pues, en el escrito presentado por Ciutadans, había un punto que instaba al Gobierno a "revisar el procedimiento de concesión de autorizaciones administrativas para movilizaciones y, si procede, sancionar administrativamente las manifestaciones que sean convocadas por grupos organizados de los cuales se desconoce la identidad de sus representantes, cómo parece ser el caso de los autollamados CDR".

En opinión del partido naranja, esta propuesta que atenta gravemente contra el derecho a la manifestación se justifica porque "demasiado a menudo han acabado con disturbios e incidentes violentos que afectan directamente la seguridad y el orden público y provocan lesiones, en ocasiones graves, destrucción de mobiliario urbano y actos vandálicos y robos contra establecimientos industriales y comerciales".

 

Imagen principal: Momento de tensión entre los diputados de Ciudadanos con los manifestantes