Hace un año, Pedro Sánchez empezaba las vacaciones de Navidad recientemente investido presidente del Gobierno por tercera vez. Después de pactar la ley de amnistía con el independentismo, el PSOE encajaba en el Congreso de los Diputados un puzzle que incluía la complicada pieza de Junts per Catalunya. Hace 365 días, los socialistas ponían en marcha una legislatura en la que todo estaba por hacer. Doce meses después, con una DANA por el medio y cinco días de reflexión con la amenaza de dimitir, Pedro Sánchez ha vivido ya su propio 'annus horribilis'. Atraviesa desde el pasado mes de febrero una tormenta judicial que cae sobre personas que habían sido de su máxima confianza y también de su entorno familiar. El primer año de relación entre Junts y PSOE ha sido, también, agónico. El presidente del Gobierno cierra el 2024 con un ultimátum por parte de Carles Puigdemont: el president de la Generalitat en el exilio le exige someterse a una cuestión de confianza.
Desde el principio de esta legislatura que la relación con Junts per Catalunya ha sido tempestuosa. El PSOE acumula varios incumplimientos de acuerdos con los independentistas a cambio de investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno y nombrar a Francina Armengol presidenta del Congreso. La lengua catalana todavía no es oficial en Europa y la amnistía no se ha podido implementar de forma plena a causa de la negativa del Tribunal Supremo. Y el hecho de no haber sellado el pacto definitivo para la delegación de competencias en inmigración hace que el PSOE todavía no pueda sentarse con Junts para negociar los presupuestos, cosa que haría que los socialistas volvieran a colocarse sobre los raíles de la legislatura. La principal fuerza independentista ha llevado al Gobierno a algunos fracasos parlamentarios, y la mayoría de iniciativas se han aprobado de forma agónica. En este primer año el ejecutivo solo ha podido aprobar 25 nuevas leyes; incluso Pedro Sánchez reconoció que eran pocas en la rueda de prensa de este pasado lunes en que hizo balance del año.
Ante todos estos incumplimientos, Carles Puigdemont ha exigido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El presidente español se niega a ello. Pero los juntaires han presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que se insta al máximo líder socialista a presentarse a esta prueba de fuego. Ahora la pelota está sobre el tejado de la Mesa de esta cámara. La semana pasada, el órgano de gobierno de esta institución chutó la pelota adelante; los socialistas decidirán en enero qué hacen con esta patata caliente, aunque tienen encima de la mesa un informe de los letrados que deja bien abierta la puerta a admitir esta iniciativa. Y Pedro Sánchez también tiene una bala en la recámara: una reunión con Puigdemont. Este diciembre ha reconocido que sería "coherente" que se realizara este encuentro y se ha abierto a hacerla antes de que el president de la Generalitat en el exilio sea amnistiado. Todavía no está anotada en ninguna agenda, de todos modos.
Ante este escenario de la cuestión de confianza, Sánchez recuerda que Junts está en todo su derecho de sumar sus votos a los de PP y Vox en una moción de censura que coloque a un nuevo presidente del Gobierno. De momento, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no da el paso de presentarla con el argumento de que todavía no tiene suficientes votos para sacarla adelante. De todos modos, PP y Junts per Catalunya han roto el hielo y las dos formaciones están llegando a acuerdos en el Congreso de los Diputados en materia económica. Este pasado lunes, el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, defendió seguir pactando con la formación de Carles Puigdemont. Los pactos entre PSOE y PP, por otra parte, brillan por su ausencia: solo han pactado esta legislatura desencallar —con mediación europea— la renovación y reforma del CGPJ, y también modificar el artículo 49 de la Constitución que antes hablaba de "disminuidos" y ahora habla de "personas con discapacidad". Una de las buenas noticias para Pedro Sánchez de este último año ha sido, todo sea dicho, conseguir que Salvador Illa fuera investido president de la Generalitat a cambio de pactar con ERC el modelo de financiación singular para Catalunya.
Sumar, en horas bajas: Podemos afila los cuchillos y complica la estabilidad de Sánchez
También se ha enquistado en el tablero político la guerra fratricida entre las formaciones españolas situadas a la izquierda del PSOE. Aunque para los socialistas la convivencia en la Moncloa es mejor con Sumar de lo que lo era con Podemos, la formación de Yolanda Díaz está en horas bajas. Se encuentra en un momento tan crítico que la vicepresidenta segunda ha llegado a abandonar el liderazgo del partido ante los malos resultados electorales de este último año.
Como Podemos olfatea sangre, afila los cuchillos. Quieren vengarse de Yolanda Díaz y en los últimos meses están obstinados a reivindicarse como la izquierda más 'pura' del hemiciclo. Eso provoca que los morados encarezcan su apoyo al Gobierno aunque la realidad es que en el actual Congreso de los Diputados no hay una mayoría de izquierdas. Entre las tensiones en la izquierda del PSOE y el hartazgo de Junts con los incumplimientos de Pedro Sánchez, la mayoría de la investidura se encuentra quebrada a estas alturas.
La tormenta judicial y los cinco días de reflexión
Pedro Sánchez, antes de que Junts per Catalunya fuera uno de sus socios imprescindibles, ya tenía experiencia en gobernar en minoría. Pero había un frente al que no se había enfrentado hasta ahora: el judicial. Todo estallaba en febrero cuando la policía detenía a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, quien fue el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez desde que entró en la Moncloa en 2018 hasta que lo fulminó repentinamente en 2021. La investigación ha ido avanzando, y ahora la justicia también ha imputado al exministro de Transportes. De hecho, el Tribunal Supremo aprecia que el exsecretario de Organización del PSOE podría haber cometido delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, soborno y malversación. Hay un tercer personaje en este caso de corrupción: el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Su estrategia de defensa es disparar contra el PSOE e inculpar a los socialistas en esta trama de corrupción.
Meses más tarde, el asedio judicial ya no afectaba solamente a una persona que había sido la mano derecha de Pedro Sánchez. La justicia encañonó directamente a la familia del presidente español y el juez Juan Carlos Peinado empezó a investigar a la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en sus negocios. Fue entonces cuando el presidente del Gobierno publicó aquella carta en Twitter (X) en que anunciaba que se tomaba cinco días de descanso para reflexionar sobre su continuidad al frente del ejecutivo. Al cabo de cinco días y de manifestaciones en las puertas del cuartel socialista de Ferraz, anunció que no dimitía. Desde entonces, asegura que es víctima de una "máquina del fango" utilizada por la "fachosfera". Ha llegado a acusar al PP de "jugar con las cartas marcadas" por el poder judicial.
En todo caso, la tormenta judicial en el entorno familiar de Pedro Sánchez no cae solo sobre su esposa. También su hermano, David Sánchez, está investigado por un presunto caso de corrupción a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Este próximo enero está citado a declarar; también nueve altos cargos y exaltos cargos de la Diputación de Badajoz, entre los que está el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Y, por último, hay el caso del fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo investiga quién filtró los correos electrónicos en los que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido un delito fiscal e intentaba llegar a un pacto con la fiscalía. En la investigación ya no solo aparece el nombre de Álvaro García Ortiz: la Guardia Civil ha podido constatar que la Moncloa tenía en sus manos los correos de Alberto González Amador antes de que estos fueran publicados por la prensa.