Este lunes se celebra un año de las últimas elecciones en el Parlament de Catalunya. A pesar de las constantes apelaciones entre partidos para crear una ley electoral, hoy por hoy la situación sigue atascada. El principal motivo histórico de discrepancia entre las formaciones ha sido el sistema electoral: los partidos constitucionalistas consideran que el actual procedimiento favorece al independentismo y defienden más "proporcionalidad", mientras que el independentismo apuesta por el "equilibrio territorial" y que se garantice la "representación adecuada" del territorio. El resto de territorios del Estado han conseguido aprobar una ley electoral propia, pero Catalunya es la excepción. Para poder impulsarla, dos terceras partes de los diputados de la cámara catalana tendrían que aprobar este marco legislativo, una aritmética que parece compleja alcanzar.

En 1980, lo que vertebraba el procedimiento electoral de los primeros comicios en Catalunya era la disposición transitoria cuarta del Estatut de Sau de 1979, mientras que el resto de elementos que se aplicaban hacían alusión a "las normas vigentes para las elecciones legislativas en el Congreso de los Diputados". 42 años después, este esquema para determinar la composición del hemiciclo catalán, pues, sigue plenamente vigente, con el único matiz que en el Estado se aprobó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), normativa que regula los comicios en el Congreso.

Por eso, desde el inicio de la decimocuarta legislatura, varios partidos han marcado como prioridad tener una ley electoral propia. En una entrevista en ElNacional.cat, la consellera de Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, explicaba que "desde el primer día he estado trabajando en la dirección que tengamos una ley electoral propia". En esta línea, manifestaba que, en caso de que esta normativa se pudiera materializar esta legislatura, sería "fantástico", pero que si no está lista en esta, es "muy partidaria de una ley de modernización del sistema electoral". Desde ERC, han planteado crear una nueva ponencia conjunta; mientras que el principal partido de la oposición, el PSC, emplazaba a los grupos parlamentarios a aprobar una ley electoral propia este primer semestre de 2022.

Más allá de las complicadas posibilidades de llegar a los 90 votos favorables, el cierto es que los precedentes no acompañan. A principios de 2010, con el segundo Govern tripartito, fracasó la ponencia parlamentaria encargada de redactar una ley electoral de Catalunya. La vida de esta ponencia no llegó a los tres meses. Por otra parte, sigue en el cajón la Iniciativa Legislativa Popular que presentó Ciutadans pel Canvi el año 2009 para impulsar una normativa electoral propia. En este caso, hay que indicar que se superó el debate a la totalidad en el 2015, pero que no se siguió con su tramitación parlamentaria. Y todavía más: se formalizó una segunda ponencia el año 2013, pero el intento fue de nuevo infructuoso porque no se cerró ningún acuerdo ni hubo consenso.

¿Qué cambios podrían introducirse con una ley electoral propia?

Con una ley electoral propia, el Parlament tendría capacidad para establecer modificaciones en las circunscripciones y en el número de escaños que se reparten en cada una de estas (pasando, por ejemplo, de provincias a veguerías). También lo puede hacer en el total de diputados que tiene el Parlament (el artículo 56 del Estatut de 2006 recoge que el hemiciclo "se compone de un mínimo de 100 diputados y un máximo de 150"), en la fórmula electoral (actualmente se atribuyen los escaños con el sistema D'Hondt) o en el sistema de votación (en Catalunya se emite un único voto con listas cerradas y bloqueadas). Los únicos límites que marca la LOREG son la definición del derecho de sufragio, el censo electoral, los requisitos generales de convocatoria de elecciones, la administración electoral, el procedimiento de presentación de candidaturas, el funcionamiento de la campaña y propaganda electoral, los gastos y subvenciones electorales y los delitos o infracciones electorales. En estas cuestiones, Catalunya no tiene competencia para introducir modificaciones. Ahora bien, ¿qué pasaría si introdujera cambios en varios aspectos?

Proporcionalidad pura: el independentismo perdería dos escaños

Partiendo de los resultados obtenidos a las elecciones del 14 de febrero de 2021, si la distribución de los escaños se limitara a la máxima de "una persona, un voto" con las mismas circunscripciones, la suma de Esquerra, Junts y la CUP sufriría un retroceso en su representación, pasando de los 74 diputados actuales a las 72 actas. Eso se explica, principalmente, por el hecho que, en función del peso de su población, la provincia de Barcelona escogería a 101 representantes (por los 85 actuales). En esta demarcación, el PSC fue primera fuerza con el 25% de los votos. El resto de territorios perderían representatividad: Tarragona pasaría de 18 a 14 diputados, Girona también perdería cuatro actas hasta caer a las 13 y Lleida sería el territorio más perjudicado, con un descenso de los 15 que atribuye desde los primeros comicios hasta los 7, según su peso poblacional. Junts, que se impuso en Girona y Lleida, se convertiría en el partido más afectado con este sistema de proporcionalidad pura, ya que bajaría de los 32 a los 30 diputados. Vox también vería reducido su grupo parlamentario, ya que perdería a un representante. Paradójicamente, Cs y PP ganarían un escaño; en tanto que ERC, la CUP y En Comú Podem mantendrían los mismos diputados que consiguieron con el actual procedimiento electoral.

De provincias a veguerías: ERC y Junts sumarian mayoría absoluta

La simulación del 14-F que resulta del cambio de circunscripciones, dejando atrás las cuatro provincias para repartir los escaños entre las ocho veguerías de Catalunya, haría que ERC y Junts llegaran a la mayoría absoluta sin depender de otros grupos parlamentarios. De hecho, los republicanos serían la primera fuerza del Parlament con 35 diputados —dos más que ahora—, seguidos del PSC (con un representante más) y de Junts (que también ganaría un escaño). La mayoría independentista ascendería de 74 a 77 parlamentarios, sumando los 9 de la CUP. El retroceso lo sufrirían Vox (9), En Comú Podem (7) y Ciutadans (5). Este cálculo parte del siguiente reparto de escaños por veguerías: el Àmbit Metropolità de Barcelona escogería a 77 diputados; las Comarques Gironines, 14; el Penedès y el Camp de Tarragona, 10; las Comarques Centrals, 8; Ponent, 7; Terres de l'Ebre, 5; y Alt Pirineu i Aran, 4. La distribución sale de una asignación mínima de dos escaños por cada veguería más los escaños proporcionales que les correspondería de los 119 diputados restantes en función de la proporción de la población que tienen.

Circunscripción única: sin empate de escaños entre el PSC y Esquerra

En un escenario en el que hubiera una circunscripción única (con el resto de elementos inalterables), los socialistas ya no empatarían con Esquerra en número de diputados. La formación encabezada por Salvador Illa conseguiría seguir con un grupo parlamentario de 33 diputados y se distanciaría en dos escaños con respecto a ERC (31). Este modelo también incidiría sobre la representatividad de Junts, que descendería a los 29 electos. Vox (11) y CUP (9) se mantendrían, mientras que los beneficiados serían En Comú Podem (de 8 a 9), Cs (de 6 a 8) y el Partido Popular (de 3 a 5). Con esta fórmula, el independentismo tendría menos fuerza. Aunque seguiría con mayoría absoluta, este sería más apretada, formada por 69 escaños.

Sin el umbral del 3% de votos válidos: igualdad entre el PSC, ERC y Junts

La proyección que más igualdad refleja en la distribución de escaños es la que implicaría eliminar el umbral del 3% de los votos válidos a cada circunscripción para poder sumar algún parlamentario. Los socialistas, republicanos y Junts estarían empatados en número de escaños, 32, siendo los dos primeros los perjudicados con respecto al actual sistema. Estas dos actas las conseguiría el PDeCAT por la demarcación de Barcelona, que habría irrumpido así en el Parlament. El resto de partidos seguirían con la misma distribución de electos que con la barrera del 3%.

Sainte-Laguë, otra fórmula electoral: los partidos más pequeños, los más beneficiados

La fórmula D'Hondt, que es la que rige, consiste en dividir el total de votos que obtiene cada candidatura por todos los divisores que haya hasta llegar al número de diputados que adjudica cada provincia. De estos cocientes, se escogen los más altos. Otra fórmula es el método Sainte-Laguë. Podemos y Ciudadanos defendieron aplicar este sistema para las elecciones al Congreso de los Diputados. Funciona de una manera similar a D'Hondt, con la diferencia que solo se dividen por números impares. Con solo este cambio, la composición de la cámara catalana se vería notablemente alterada: ERC y Junts se dejarían tres diputados; el PSC, dos; Vox y la CUP seguirían con los mismos resultados del 14 de febrero; el PP ascendería de 3 a 6 diputados; los comunes llegarían a la decena; Cs conseguiría 7 asientos y el PDeCAT entraría con dos representantes (uno por Girona y uno por Lleida). Así, ERC, Junts y CUP tendrían una mayoría muy justa: 68 diputados.

Finalmente, si hacemos una comparación entre el porcentaje de voto que obtuvo cada candidatura el 14 de febrero de 2021 y el tanto por ciento de diputados que tienen de los que hay en el Parlament, Junts es el partido más beneficiado (en los comicios, sumó el 20,1% de los votos; mientras que tiene el 23,7% de los escaños en el hemiciclo). Este mayor peso en la cámara con respecto al porcentaje de voto también lo tienen ERC (+3,1%), el PSC (+1,4%) y Vox (+0,5%). La CUP es la que tiene el equilibrio perfecto, mientras que los perjudicados son En Comú Podem (-1%), Cs (-1,2%) y el PP (-1,7%).