El 17 de agosto del año pasado, hace justo 365 días, empezó a andar la actual legislatura española. Las elecciones del 23-F habían dejado un escenario parlamentario complejo que requería equilibrismo y la primera prueba de fuego para Pedro Sánchez fue la elección de la Mesa del Congreso. El PSOE superó esa pelota de partido. Todavía lejos de una posible investidura, los socialistas consiguieron la complicidad del independentismo para elegir a Francina Armengol como presidenta de la cámara baja. A cambio, el PSOE firmó dos acuerdos de profundo contenido político con Junts y con ERC: dos pactos que contenían diferentes compromisos que se han ido desarrollando en los últimos doce meses con éxito desigual. Y es momento de hacer el examen.
El catalán, una lengua de primera en el Congreso de los Diputados
La principal novedad después de la llegada de Francina Armengol a la presidencia del Congreso fue la posibilidad de poder hablar en catalán, vasco y gallego en la cámara baja. Desde hacía años, los diputados independentistas que intentaban intervenir en catalán eran sistemáticamente expulsados de la tribuna de oradores. Y eso pasó definitivamente a la historia. De hecho, después de ser elegida presidenta, la misma Armengol verbalizó su compromiso: “Esta Presidencia permitirá la utilización de todos estos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. Defender la democracia parlamentaria es preservar y respetar la diversidad que convive en nuestro país y que las urnas han llevado hasta aquí”.
A primera hora, después de anunciar el acuerdo, Gabriel Rufián puso de relieve que, de esta forma, se ponía fin a una “anomalía histórica” con el objetivo de “normalizar algo que era anormal”, que es que en el Congreso “fueran censuradas lenguas reconocidas legalmente”. “No es sano y democrático que por la sacrosanta Constitución se reconozcan una serie de lenguas oficiales y que solo se pueda hablar una”, denunciaba al portavoz de ERC en el Congreso, que también censuraba “la anomalía que la ciudadanía no se pueda dirigir a la administración y no se pueda defender jurídicamente en su idioma”. Desde Junts, Míriam Nogueras reivindicaba que, finalmente, quedaba demostrado que el hecho de “respetar los derechos lingüísticos de los catalanes y catalanas era solo cuestión de voluntad política”.
Poco más de un mes después, el Congreso aprobaba, en medio de la indignación del PP y Vox, la reforma del Reglamento para permitir el uso del catalán, el vasco y el gallego sin límites y sin objeciones. Además, la presidenta Armengol aprobó una resolución para permitir que se pudieran utilizar las tres lenguas también durante aquellos debates, sin tener que esperar a la votación. La normalización lingüística en el pleno estaba garantizada, pero todavía se tenían que dar más pasos. Y es que la convocatoria de las primeras comisiones parlamentarias abrió un nuevo conflicto e hizo revivir a los fantasmas del pasado. En el mes de diciembre, hubo dos incidentes con diputados de Junts: Josep Maria Cervera pudo hablar en catalán, autorizado por el presidente de la Comisión de Justicia, del PSOE, a cambio de entregar una copia en castellano de su intervención, mientras el presidente de la Comisión Mixta para la UE, del PP, impidió a Marta Madrenas hablar en catalán.
Finalmente, a finales de enero parecía que la cosa se habría solucionado: el Congreso habilitó tres salas donde utilizar las petacas y los auriculares que se utilizaban en el hemiciclo y la Mesa aprobó un protocolo que fijaba que había que solicitarlo la semana anterior. Sin embargo, aquel día de estreno hubo un imprevisto y la cámara baja se quedó sin traductores. Fue un pequeño tropiezo: desde entonces, todo se ha ido desarrollando sin problemas.
A la espera de poder presentar escritos en catalán al Congreso
Ahora solo falta un último paso. El mes de abril, la cámara baja sacó a concurso un contrato de 12,5 millones de euros hasta el 2027 para los “servicios de traducción, interpretación y transcripción” de las lenguas cooficiales y el “subtitulado en directo” de las intervenciones de los diputados. Uno de los objetivos, aparte de conseguir una contratación definitiva y estable para abandonar el régimen transitorio y de contrataciones extras que ha habido hasta ahora, tiene que ver con una de las previsiones que contenía la reforma del Reglamento del Congreso y que todavía no se había atendido. Es la posibilidad de presentar documentos en las lenguas cooficiales, por la que se contemplaba un “periodo de transición para adaptar los servicios de la Cámara” de seis meses. De momento, hasta que se haya rubricado el proceso, los diputados tienen que presentar los escritos en las dos lenguas.
Fuentes de la Mesa del Congreso explican a ElNacional.cat que la voluntad es que, si todo va bien y no hay impugnaciones o recursos, el contrato se pueda adjudicar a finales de verano o a principios de otoño. Una vez se haga esto, la puesta en marcha se prevé que será rápida, por lo que antes de acabar el año los diputados tendrían que poder presentar escritos al Congreso únicamente en catalán. Los pliegos técnicos especifican las concreciones de estas traducciones y el procedimiento que se tendrá que seguir: por ejemplo, establecen un plazo máximo de 72 horas para textos de más 10.000 palabras o de dos horas para preguntas orales al pleno o para enmiendas a las proposiciones no de ley. La reforma del Reglamento también establecía que la Mesa tomaría los “acuerdos necesarios” en el “plazo más breve posible” para que las leyes se publiquen también en catalán, vasco y gallego en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados con “carácter de versión auténtica”. Eso también tiene que quedar resuelto con esta adjudicación.
El catalán en Europa, diez meses de intentos frustrados
“Tenemos muy claro que toda precaución es muy poca ante las negociaciones”, reconocía Míriam Nogueras en una rueda de prensa minutos después de la elección de Francina Armengol. La portavoz de Junts en el Congreso exponía la que era la segunda gran joya de la corona: la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Los juntaires pedían “hechos comprobables” y aquella misma mañana, el ministro José Manuel Albares había registrado en el Consejo de la Unión Europea la solicitud formal para que el catalán, el vasco y el gallego se incorporaran como lenguas oficiales de pleno derecho de la UE. “El principio de desconfianza nos ha hecho ser muy escrupulosos en la formalización de este compromiso”, alegaba Nogueras, que retaba a Pedro Sánchez a demostrar que “España se hace escuchar en Europa”. Desde de ERC, Gabriel Rufián explicaba que los republicanos habían adquirido el compromiso del PSOE de que el catalán y las otras lenguas serían “reconocidas” en la UE y se podrían “utilizar”, mientras que el comunicado de los republicanos también aludía a la “culminación de los acuerdos para el uso del catalán en las instituciones europeas”. Además, el texto del acuerdo suscrito por ambas formaciones incluía que el Gobierno garantizará los “recursos presupuestarios necesarios para la protección del catalán y las otras lenguas oficiales del Estado”.
La primera fecha señalada en el calendario para conseguir el objetivo era el 19 de septiembre, en la reunión de la Comisión de Asuntos Generales. Aquel día, España argumentó que el catalán tiene más de diez millones de hablantes y apostó por priorizarlo por delante del gallego y del vasco para salvar las reticencias. Francia aseguró que no le daba miedo, pero Finlandia expresó sus reticencias y, finalmente y ante la falta de acuerdo, se aplazó la votación. Aquí arrancó un periplo que se ha ido posponiendo y que todavía no se ha resuelto.
🔎 Estas son las implicaciones y beneficios que tendría la oficialidad del catalán en la Unión Europea
El siguiente intento fue el 24 de octubre. Ahora bien, tampoco hubo fumata blanca: la negativa de Letonia y Lituania cerró la puerta y los progresos continuaron estancados. De cara a noviembre, el Gobierno aceleró los esfuerzos. Ahora bien, tampoco salió adelante: el punto se incluyó en el orden del día, España remitió la propuesta a los estados de la UE, pero la envió de forma torpe (tarde y solo en castellano). Esto generó malestar en los socios comunitarios, críticos con la falta de tiempo, y el tema se resolvió en dos minutos después de lo que fue un nuevo patinazo de España. En la última Comisión de Asuntos Generales bajo la presidencia española del Consejo de la UE tampoco dio frutos. Aunque Albares movilizó a los embajadores para conseguir apoyos, el Gobierno acabó tirando la toalla y no incluyó la votación en la reunión de diciembre. Vistos los pocos avances, el Govern riñó a la Moncloa y le pidió que se pusiera las pilas.
Más jarras de agua fría. Aunque Bélgica, que cogió el testigo de España en la presidencia del Consejo de la UE, se comprometió con el catalán, siguieron llegando fracasos. En enero, la Unión Europea aplazó el debate, mientras Lituania afianzaba su negativa. Y en febrero, Bélgica volvió a situar la petición en la cola. La cuestión no se debatió en ninguna de las dos ocasiones y volvió a quedar congelada. El 19 de marzo, la petición del Gobierno volvió a ser ignorada: se presentó durante diez minutos, pero ningún país se manifestó al respecto. Los días previos, José Manuel Albares había defendido que el catalán contribuye a la “identidad española” y había reivindicado, sin éxito, que los argumentos para su oficialidad son “sólidos y legítimos”.
Finalmente, la oficialidad del catalán tampoco se debatió ni en la reunión del 21 de mayo, mientras el Gobierno rechazaba fijar plazos, ni en los últimos compases de la presidencia belga del Consejo de la UE, el 18 de junio y el 25 de junio. Ahora la cuestión queda en manos de Hungría. Justo la última semana de junio, José Manuel Albares se reunió con su homólogo húngaro para remar en este sentido.
Las comisiones de investigación de la operación Catalunya, el 17-A y Pegasus
La tercera gran pata de los acuerdos para la investidura de Francina Armengol tenía que ver con la creación de tres comisiones de investigación. Junts apostó por investigar los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils, por el “derecho a saber la verdad” ante los “muchos interrogantes” que todavía hay por resolver, y para “reactivar” la comisión de la operación Catalunya, y ERC abogó por poner la lupa en el Catalangate, el caso de espionaje a políticos, abogados y periodistas a través de Pegasus. Los republicanos registraron la creación de la comisión, que también era un compromiso del PSOE con Junts. De momento, las tres comisiones se han creado, pero todavía no han empezado a trabajar.
El pleno del Congreso las aprobó en una sesión maratoniana y tensa el 12 de diciembre. Ahora bien, desde entonces, han quedado paralizadas. Uno de los temas que las ha acompañado desde el primer día ha sido la voluntad de Junts y ERC de hacer comparecer jueces para que den explicaciones sobre la persecución judicial contra el independentismo, cosa que ha levantado los recelos y la firme oposición tanto del Consejo General del Poder Judicial, que dejó claro que no lo autorizaría, como del Gobierno, que anunció que lo vetaría. La Comisión de Venecia también se mostró contraria a citar jueces en la cámara baja.
Las comisiones se constituyeron a finales de febrero, pero han avanzado muy poco. Concretamente, lo más relevante de lo que se ha conocido hasta ahora son los nombres de las personas que los partidos quieren que comparezcan en la comisión de la operación Catalunya. La gran novedad fue que el PSOE, después de oponerse a ello la pasada legislatura, pide ahora que se cite a Mariano Rajoy, al lado, por ejemplo, de María Dolores de Cospedal o Jorge Fernández Díaz. Mientras tanto, ERC no hizo caso de las reticencias del CGPJ y de la Comisión de Venecia, y quiere que se cite al juez Manuel García-Castellón y al fiscal José Zaragoza. Finalmente, Junts se inclina por Rajoy, José Ignacio Zoido, Artur Mas, Xavier Trias y José Manuel Villarejo. En la comisión de Pegasus, ERC pide las comparecencias, entre otros, de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pere Aragonès y Mariano Rajoy y el PSOE quiere interrogar siete cargos policiales de Rajoy.
Con respecto a la comisión del 17-A, el PSOE, Junts y ERC han sido incapaces de acordar el plan de trabajo: los independentistas quieren analizar la relación del imán de Ripoll con el CNI y estudiar las responsabilidades del Estado, mientras el PSOE pide “rigor” a la hora de pedir abrir información clasificada. De hecho, el tratamiento de la información clasificada es uno de los principales escollos que está impidiendo ponerla en marcha. En su acuerdo, Junts subrayaba que los juntaires habían acordado con el PSOE que en las comisiones de Pegasus y del 17-A no habría “veto de comparecencias de personas que tengan que ver o puedan aportar información sobre los hechos”.
El catalán como lengua “plenamente oficial” en todas las instituciones
Más allá de la protección y promoción del catalán en Europa y de la posibilidad de hablaro en el Congreso de los Diputados, ERC también arrancó el compromiso del PSOE de confeccionar una “Ley orgánica para que el catalán sea lengua plenamente oficial a todas las instituciones del Estado”, también en la Justicia. Fuentes de ERC explican a ElNacional.cat que los republicanos están negociando el texto “activamente” con el PSOE. La futura norma es una “prioridad” para ERC, que tiene la intención de que “sea una realidad lo antes posible”.
Por otro lado, en julio, el Congreso dio luz verde a la Ley del Derecho de Defensa, que ahora se está tramitando en el Senado, después de introducir enmiendas para normalizar el uso del catalán, el vasco y el gallego en el sistema judicial. De hecho, el PP había estado trabajando en la norma, pero se acabó descolgando por este motivo. El texto final reconocía el derecho a “utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma” delante de los órganos judiciales y el derecho a utilizar cualquiera de las tres lenguas cooficiales en los “procesos delante de órganos con jurisdicción a todo el Estado”, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.
La ley de amnistía para poner “fin a la represión” del 1-O
Finalmente, el acuerdo entre ERC y el PSOE para la Mesa del Congreso incluía un último punto con la mirada puesta al futuro. En ese pacto, los socialistas se comprometían con el “fin de la represión” relacionada con el 1 de octubre contra el independentismo por las “vías legales necesarias”. En la rueda de prensa para anunciar el acuerdo, Gabriel Rufián no quiso dar más detalles, pero sí que insistió en que la apuesta de los republicanos desde hacía años era impulsar una ley de amnistía.
🔎 El maratón de la ley de amnistía: seis meses contra los jueces sublevados y las maniobras de la derecha
Como es bien sabido, la amnistía hace dos meses y medio que es una realidad. La norma del olvido penal, que se sacó adelante a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Congreso de los Diputados el 13 de noviembre con la firma del PSOE. La iniciativa legislativa pasó cuatro meses en la cámara baja, un periodo en el que los socialistas y los independentistas introdujeron cambios en tres ocasiones para pulir y blindar el redactado hasta conseguir el texto final. Después de un tempestuoso paso por el Senado, se aprobó definitivamente el 30 de mayo y entró en vigor el 11 de junio. Desde entonces, se han amnistiado un centenar de personas, aunque el Tribunal Supremo sigue evitando aplicarla del todo.