Es el lunes 3 de agosto del 2020 y, a las nueve de la mañana, un jet privado de la compañía TAG Aviation, con matrícula 9H-VBG, espera en el aeropuerto de Vigo. La discreción tiene que ser máxima para que no se conozca la identidad del pasajero, que llega en una furgoneta con los cristales tintados. Le acompañan una persona de su máxima confianza y un reducido grupo de guardias civiles que le hacen de escoltas. Aquel mismo día se sabrá, a través de un comunicado de la Casa Real, que el personaje misterioso es Juan Carlos I, jefe del Estado durante casi cuatro décadas. Sale del país pero no se sabe dónde va. No será hasta dos semanas más tarde, arrastrando toneladas de tinta de rumores y especulaciones, que se sabrá que su destino, después de una parada técnica en el Cairo, ha sido la monarquía amiga de los Emiratos Árabes, una dictadura que no se caracteriza por la transparencia y el buen gobierno.

Hoy se cumplen 365 días de la gran evasión del rey emérito, perseguido por sus escándalos de corrupción investigados por la justicia suiza. Si se han sabido estos detalles sobre la fuga, ha sido porque periodistas han picado piedra, como es el caso del libro La Armadura del rey (Roca Editorial, 2021). Durante estos doce meses ha reinado la opacidad, la misma falta de transparencia que escenificó la escapada de España. La falta de información ha sido la nota dominante. En cambio, el rey actual, Felipe VI, lo sabía todo desde al menos un año antes y fue con su padre al notario. Y el Gobierno, que ha colaborado activamente en el encubrimiento, como otras instituciones del Estado. Mientras tanto, el exiliado se marchó de mala gana, contra su voluntad. No quería. De hecho, él ya pensaba cuando emergían los primeros escándalos que "no hay para tanto".

Información ha habido. Pero ha venido a través de Suiza o de la prensa. Esta misma semana, según adelantaba El Confidencial, el fiscal helvético Yves Bertosa ha descubierto una segunda cuenta del rey emérito en el banco Credit Suisse. Está abierta a nombre de Lactuva SA, otra sociedad offshore panameña. Según fuentes próximas al caso, sin embargo, el auténtico titular de este depósito bancario sería un miembro del entorno familiar de Juan Carlos I. Se ha descubierto gracias a las transferencias que hizo Álvaro de Orleans, primo del antiguo monarca. También era él quien estaba a cargo de Zagatka, fundación que sufragaba gastos y viajes al rey emérito. Los escándalos no se han parado de destapar durante los últimos meses.

No son sólo comisiones por obras como el polémico AVE a La Meca. Hace dos semanas fue Público quien involucró a Juan Carlos de Borbón en negocios todavía más turbios. Según este diario, el exmonarca español habría creado su multimillonaria fortuna con dinero que provenía de la venta de armamento a países árabes, que habría hecho de la mano de su amigo íntimo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi. Se habría hecho a través de una sociedad hispanosaudí "para canalizar el comercio entre los dos países", llamada Alkantara – "puente" en árabe– Iberian Exports. Repartida al 50%, Khashoggi era el socio saudí. Esta sociedad habría sido financiada, además, por el Instituto Nacional de Industria y Focoex, una empresa pública de comercio exterior.

Las investigaciones avanzan en Suiza, y se van conociendo cada día más detalles. En cambio, nada se sabe de la justicia española. Un equipo de los mejores fiscales del Tribunal Supremo se hizo cargo de ello, con la voluntad de delimitar aquellas actividades criminales que estarían amparadas por la inviolabilidad constitucional y aquellas que en cambio podrían ser perseguidas por haber tenido lugar después de la abdicación como jefe del Estado. Nada se mueve en el terreno judicial y mientras tanto el rey fugado pone la venda antes de la herida. En los últimos meses ya ha procedido a dos regularizaciones fiscales –pagando unos cinco millones de euros previamente defraudados– después de que salieran a la luz determinadas informaciones, para ahorrarse consecuencias penales. La Agencia Tributaria no actuó hasta una vez presentadas las declaraciones complementarias, cuando ya poco se puede perseguir penalmente.

¿Y qué ha hecho el Gobierno progresista? Su actuación ha estado marcada, también, por la complicidad y la opacidad, denunciada incluso desde dentro del ejecutivo. Tan oscuro fue que incluso se actuó a espaldas de Unidas Podemos, el socio pequeño del ejecutivo, que supo a través de la prensa la operación fuga negociada entre los palacios de La Moncloa y La Zarzuela. La misión de Pedro Sánchez, a pesar de las malas relaciones con Felipe VI, era construir un cortafuego en torno a la institución de la monarquía y no permitir que el actual jefe del Estado se viera salpicado (su nombre también aparece como beneficiario de una sociedad panameña). Porque abrir el melón de la forma de Estado lo puede hacer tambalear todo. De cara a la galería, cerrar filas con el Rey actual y vagas referencias a la modernización y la transparencia de la Casa Real, que con el paso del tiempo han quedado sin ningún tipo de concreción.

El mismo fenómeno se ha podido observar en el Congreso de los Diputados. Los funcionarios del registro ya deben haber perdido la cuenta de las peticiones de comisión de investigación registradas, después de cada nuevo escándalo de la monarquía, por los partidos independentistas, nacionalistas, soberanistas y en algunas cuántas ocasiones incluso con la firma de Unidas Podemos. Ninguna de estas ha podido ni siquiera ser debatida en el pleno de la cámara baja. Todas han sido tumbadas por la misma pinza en la Mesa: la del PP, la extrema derecha de Vox y los votos imprescindibles del PSOE. La mayoría de las propuestas contaban con el criterio en contra de los servicios jurídicos, al que se aferraron a los socialistas. Pero alguna fue avalada por los letrados –por haber tenido lugar los hechos después de la abdicación de Juan Carlos Y– y fue igualmente tumbada por los tres partidos monárquicos que controlan la sede de la soberanía popular.

Justo se cumple un año de la fuga de un Rey, diferente de la del 31. En este caso ha contado con la complicidad de las principales instituciones del Estado, que han mantenido las actuaciones en la más absoluta opacidad. Hubo rumores que devolvería Juan Carlos I por Navidad a casa. Pero allí sigue, en la dictadura monárquica de los Emiratos Árabes. Sin billete de vuelta, de momento. Tampoco se han calmado las aguas; los escándalos explotan de forma constante. Y las denuncias de Corinna por espionaje no ayudan. Mientras tanto, los juancarlistas han pasado, de la noche a la mañana, a ser felipistas.