La operación Kitchen parece que no consigue llegar al desenlace final para acabar señalando jurídicamente a los responsables de toda la trama corrupta que relaciona altos cargos del Partido Popular, empezando por el mismo expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Este, ya consiguió tocar el violín hace dos semanas en su comparecencia al Congreso de los Diputados asegurando que "nunca" habló con el comisario Villarejo, la fuente y el nexo unión de toda la corruptela.
Falla el programa informático
Pero más allá del caso en su faceta política, las explicaciones también las ha dado en la Audiencia Nacional. Es en este órgano jurídico donde todo continúa abierto y donde las consecuencias penales serán las que realmente interesan conocer. Sin embargo, un extraño y anómalo "error informático" de la misma Audiencia ha bloqueado reabrir el caso y sacar adelante los recursos que ahora quedaban para analizar.
Según adelanta la agencia Europa Press, este organismo ha sufrido un problema técnico que imposibilita trasladar de forma digital los millares de documentos que justifican el caso. De esta manera, se frena, de momento, el traslado del caso en la Sala de lo Penal y los recursos de apelación formulados por la Fiscalía Anticorrupción que pide que se vuelva a poner encima de la mesa todo el argumentario para analizar lo que ahora se consideraría una "trama política" ilegal.
El Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha sido el encargado de comunicar en las partes sobre "un problema técnico a la aplicación Minerva" de tramitación que impide ejecutar informáticamente el trámite de incoación de los recursos de apelación. Desde la sede judicial se muestra consciente del "grave perjuicio que puede causar en la marcha de las actuaciones el retraso en la tramitación de los recursos de apelación y su elevación correspondiente a la Sala de lo Penal".
Frenan Anticorrupción
Hay que recordar que el titular se este juzgado, Manuel García-Castellón, acordó en un auto del 29 de julio pasado poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje que entre el 2013 y el 2015 se habría organizado desde el Ministerio del Interior, con recursos policiales y fondos reservados, contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para localizar la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que cayera a manos de la Justicia.
En este momento, es cuando Anticorrupción acusó al instructor de dibujar una "línea roja" a la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y apuntó a "una posible responsabilidad" de Rajoy y la exsecretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal. Esta, recordamos, tampoco fue procesada, y tampoco su marido, Ignacio López del Hierro. Ambos tan sólo estuvieron imputados en un periodo breve.
Fotografía de portada: imagen de recurso del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy