El primer paso ya se ha dado con la aprobación del decreto sobre el catalán y lo siguiente será aprobar la ley del Parlament. Pero eso puede no ser suficiente ante las injerencias de los tribunales, según Òmnium Cultural, que ha pedido al Govern tener alternativas pensadas por si estas iniciativas políticas no son suficientes para parar el 25% del castellano en las aulas. "Exigimos un plan B, C y D en caso de que las iniciativas políticas que se están llevando a cabo no sean suficientes para hacer frente a las injerencias de los tribunales, y sobre todo hace falta un plan muy claro para potenciar el uso social del catalán y defender la escuela". Así lo ha dicho el presidente de la entidad, Xavier Antich, en una atención a los medios el mismo día que el ejecutivo de Pere Aragonès ha aprobado el decreto ley sobre el catalán.
Antich ha sentenciado que los ataques al catalán en la escuela son constantes, y que para protegerlos hay que ser "ambiciosos y muy exigentes". Es por eso que ha asegurado que desde la entidad no dan ningún "cheque en blanco" a nadie, y que estarán muy "atentos y vigilantes" para asegurar que se cumplen todos los acuerdos para garantizar la protección jurídica de los centros y desterrar a los jueces de las escuelas: "Hoy no empieza ni acaba nada, pedimos voluntad y compromiso para supervisar el modelo de escuela. La estrategia del estado para dividir a la sociedad catalana continúa, y la lengua continúa en retroceso en muchos frentes. Por eso pedimos ambición y garantías para supervisar que el catalán es la lengua vehicular en la escuela", ha manifestado el presidente de Òmnium.
Desde el convencimiento de que las iniciativas políticas hechas hasta ahora tienen el objetivo de parar la intromisión de los tribunales en la escuela, ha insistido en tener pensado qué hay que hacer si estas iniciativas no paran el golpe. Sobre el decreto ley en concreto presentado hoy mismo, ha dicho que lo han podido leer como también leyeron la proposición de ley del Parlament, y ha insistido en que es un primer paso pero que sólo será operativo en la medida que garantice la vehicularidad del catalán.
El ejecutivo ha aprobado este lunes en una reunión extraordinaria el decreto que tiene que servir en los centros educativos para dar respuesta a la sentencia, cuando faltan horas para que acabe el plazo impuesto por el tribunal para acatar la sentencia, el martes mismo. El decreto subraya, como adelantó ElNacional, la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" sobre el uso de la lengua y deja claro que es el departamento de Educación y, en última instancia, el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, quien asume la responsabilidad del proyecto lingüístico de cada centro.