La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, por la pieza 1 del 'caso Lezo', esto es, la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001.

Anticorrupción les acusa de un delito de malversación de caudales públicos, como a los otros 20 procesados en esta causa, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

La operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.