La Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado al lado del juez Joaquín Aguirre por el caso Volhov. El fiscal Ricardo Sanz-Gadea ha pedido a la Audiencia de Barcelona que rechace los recursos presentados por las defensas de las 13 personas, que el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona imputó por los delitos de malversación de fondos y traición en una nueva pieza del caso Volhov, que llamó de injerencia rusa en el procés de independencia catalán, el 21 de junio pasado. Los abogados de los investigados -entre los cuales hay los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, y el periodista Carles Porta- pidieron al tribunal que suspenda esta investigación porque "está en fraude de ley". La misma sección 21 de la Audiencia ordenó al juez que archivara o enviara a juicio la investigación del caso Volhov, hasta lo instruido hasta agosto del 2023. Sin embargo, el magistrado creó esta nueva pieza con una "resolución de convalidación" que volvía a validar la investigación anulada.
Ahora, el fiscal manifiesta que en la pieza de la injerencia rusa "hay nuevos hechos e investigados", y que, por lo tanto, "sería procesalmente posible y no incurriría en fraude de ley" el juez Aguirre en haberla creado, según un informe presentado el agosto pasado y que han recibido ahora las defensas, y al cual tenido acceso ElNacional.cat este martes.
Silencio del Supremo
Sin esperar la respuesta de la Audiencia de Barcelona, el magistrado Aguirre envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que asumiera la investigación de esta supuesta trama rusa porque Puigdemont era aforado en el Supremo al ser europarlamentario, situación que ahora ha cambiado porque es diputado de Junts en el Parlament, como Francesc de Dalmases, también investigado en este causa. Su aforo estaría en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), aunque el delito de traición es competencia de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ya tiene la causa, pero todavía no ha designado ni ponente porque espera la Audiencia de Barcelona resuelva los recursos, según fuentes judiciales. El alto tribunal español no hizo lo mismo con la causa de Tsunami Democràtic, y se arrogó las competencias, aunque la Audiencia Nacional tenía pendiente de resolver recursos; y finalmente, hizo cerrar la causa al juez García-Castellón al no haber hecho correctamente la prórroga de la investigación.
El fiscal esquiva el fondo de los recursos
En su informe, el fiscal Sanz-Gadea admite que la pieza de la injerencia rusa es creada a partir de la pieza Catmon-Igman, sobre supuestas irregularidades de las subvenciones de la Diputación de Barcelona, pieza distinta de la que la Audiencia le hizo cerrar, y después de que "el mismo juez" haya revisado el contenido de teléfonos de investigados, como el exconseller de ERC, Xavier Vendrell.
Añade que la incoación de esta pieza "no incurriría en fraude de ley porque, tal como dicen una parte de los recurrentes, ninguno figura como investigado". Sin embargo, es que el exdirigente convergente Víctor Terradellas y el diputado De Dalmases sí que lo estaban. A la vez, el fiscal admite que conoce la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 2023, que afirma que una vez cerrada la investigación, no se puede volver a investigar a las mismas personas por los mismos hechos.
El fiscal, sin embargo, da un giro en sus argumentos y asume los del juez Aguirre y afirma: "En este procedimiento, el instructor ha revisado el material existente de cristalización progresiva que se ha acumulado en diferentes piezas y ha incoado una nueva, realizando una ampliación de los hechos a investigar, incluyendo, a personas que no estaban investigadas previamente a la causa. Por eso -añade- este ministerio Público no comparte que se hayan producido el fraude procesal que alegan las defensas." Precisamente, el concepto de cristalización progresiva ha sido usado, en sus resoluciones, por el magistrado Manuel Marchena, contra los independentistas catalanes
El fiscal, sin embargo, no detalla ninguna nueva prueba, y esquiva batallar con las defensas, que niegan los indicios de malversación y de traición. El presidente Artur Mas calificó de "fabulaciones" las imputaciones del juez, que sostiene que contactaron con supuestos intermediarios de Putin para obtener la independencia el 2017, y su abogado, Jordi Pina, indica que no se lo cita en ninguna acción. Por su parte, la defensa de Carles Porta, ejercida por Judit Gené, en el recurso, pedía el origen de las conversaciones intervenidas y que fueran enteras para poderse defender, aunque ya descartaba la autoría de cualquier delito.
La amnistía, pendiente
Gran parte de los investigados pidieron la aplicación de la amnistía, que el juez Aguirre les denegó. Desde la Fiscalía General del Estado se informó de que Anticorrupción no se opondría a concederla a los primeros investigados del caso Diputación. La paradoja es que Terradellas y Dalmases son de esta parte, y de la primera también. Y, ahora el fiscal dice que se tiene que resolver en otro recurso.
Así, la Audiencia de Barcelona tiene sobre la mesa tres bloques de recursos para resolver: si valida o no la nueva pieza de la trama rusa; si los 13 investigados tienen que ser amnistiados, y si acepta la nueva recusación del juez Aguirre, el cual ha pedido al TSJC de jubilarse el próximo 15 de enero.
Paralelamente, el TSJC tiene todavía pendiente de resolver desde el verano si admite a trámite la querella contra el juez Aguirre, que le presentó Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye, que también está investigado en el caso de la supuesta trama rusa.