La Fiscalía Anticorrupción ha determinado que la reforma del delito de malversación no alterará su escrito de acusación en el caso Kitchen, sobre el presunto espionaje del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el año 2013. Después de que la Fiscalía General del Estado haya emitido el decreto con el cual unifica criterios en relación con las condenas de malversación, Anticorrupción ha señalado que en el caso de la 'Operación Kitchen' todavía es aplicable el artículo 432 del Código Penal, de apropiación indebida de patrimonio público por parte de funcionarios públicos, porque la operación de espionaje utilizó fondos reservados.

El artículo 432, que en la última reforma se ha derogado, dice que "la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años". Después de revisar el caso, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido que utilizará este artículo en el escrito de calificación que presentará próximamente.

La Fiscalía ha dictaminado que, a pesar de la distinción que hace la reforma en relación con la existencia o no de lucro personal en la malversación, el hecho de utilizar los fondos reservados para obtener un beneficio encajaría con el delito de apropiación indebida. Los casos que sí que se verían afectados por la reforma serían aquellos que se cometieron después de la reforma penal del año 2015 y hasta la actualidad. El caso Kitchen no se incluye en este grupo, dado que los hechos son anteriores al año 2015. "No se revisarán las sentencias condenatorias por delitos de malversación apropiatoria dictadas de acuerdo con el artículo 432 del Código Penal vigente después de la reforma del 2015, ya que la nueva ley ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación", ha informado la Fiscalía General del Estado.

Del caso 'Kitchen' ya se conocen las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos, que reclaman respectivamente una condena de 47 años y 41 años de prisión para el exministro de Interior, a quien la investigación judicial ha situado como el presunto 'cerebro' de la trama, un operativo ilegal del cual también habrían participado su exsecretario de Estado Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la policía (DAO) Eugenio Pino, y comisarios como José Manuel Villarejo. Por su parte, el extesorero del PP Luis Bárcenas, en su escrito de acusación, pide para el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz más de 40 años de prisión.