La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de dos altos cargos del Ministerio de Transportes por el caso Koldo, en el cual se investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia de la Covid-19. En un escrito fechado el 29 de mayo, el fiscal Luis Pastor solicita al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite en calidad de investigados el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez; el alto cargo de ADIF Michaux Miranda; y el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, según informa EFE.
La Fiscalía Europea entra en escena
El escrito del fiscal está fechado un día antes de que la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) decidiera asumir la investigación del caso. Hasta ahora, la Audiencia Nacional había sido la encargada de investigar esta presunta trama de corrupción que se centra en la adjudicación de contratos públicos en una única empresa para la compra de material sanitario durante la pandemia, y que ha sido bautizado con el nombre de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Después de comprobar que uno de estos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha acordado asumir toda la causa y "así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las diferentes administraciones públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo".
El EPPO ha recordado que en marzo, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid empezó las indagaciones "sobre un posible fraude que afecta a los contratos públicos adjudicados por las autoridades sanitarias de las Islas Baleares y las Canarias a una empresa única para la compra de equipos médicos". Atendido que un juzgado de instrucción de España estaba investigando la misma empresa por contratos adjudicados por otras autoridades sanitarias y que uno de estos contratos estaba cofinanciado por la UE, la Fiscalía Europea solicitó en aquel momento información adicional para determinar si el caso entraba dentro de su competencia, ha señalado. "Después de recibir esta información y examinarla detalladamente, la Fiscalía Europea ha tomado la decisión de hacerse cargo de esta investigación judicial", ha apuntado. Además, ha subrayado que esta actuación se produce "a raíz del altísimo interés público suscitado por esta investigación".
Pero este es un movimiento al cual se opone Anticorrupción. En el órgano, según las fuentes consultadas por EFE, consideran que el organismo europeo no sería competente para hacerse cargo de la instrucción de esta causa, al considerar que en los contratos investigados por el juez y que se adjudicaron en la empresa Soluciones de Gestión no se aprecia una malversación que afecte fondos europeos.