La justicia sigue abriendo camino para aclarar si ha habido algún delito en la compra de mascarillas en la Comunidad de Madrid por parte del hermano de la presidenta del gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía de Anticorrupción ha interrogado a Tomás Díaz Ayuso en relación con el contrato adjudicado por su hermana, del que se benefició con la compra de material sanitario para protegerse del coronavirus. El jefe de esta fiscalía, Alejandro Luzón, es quien instruye las diligencias de la investigación contra los Ayuso por la licitación de más de 1,5 millones de euros y en la que resultó beneficiada la empresa Priviet Sportive S.L, propiedad del empresario Daniel Alcázar. Este empresario ha comparecido también ante Anticorrupción, además de declarar delante de Fiscalía Europea, y ha defendido la legalidad del contrato con la Comunidad de Madrid.
La comunidad madrileña se ha convertido en el epicentro de las supuestas irregularidades en la contratación pública durante el estado de emergencia. Es por eso que, aparte del caso de Ayuso, también, en el Ayuntamiento de Madrid, estalló el caso de los comisionistas que hincharon los precios de las mascarillas en su propio beneficio. Ayuso y el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, cierran filas para afrontar el embate contra sus dolores de cabeza judiciales. La fe de Isabel Díaz Ayuso en el alcalde es total y absoluta, incluso en medio del escándalo por las comisiones millonarias que se llevaron a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en la compra de material sanitario defectuoso. Aunque todos los ojos están fijados en el alcalde, que tiene una versión de los hechos con algunas lagunas importantes, la presidenta madrileña confía cegamiento en el alcalde, hasta el punto que "pondría la mano al fuego", por su compañero de partido y amigo.
Así ha respondido Ayuso a una pregunta de la líder de la oposición a Madrid, Mónica García (Más Madrid), en el pleno de la Asamblea regional. Esta le ha reprochado "haber estado ocupada avalando gobiernos de la ultraderecha", en referencia a la presencia de Ayuso en la investidura del gobierno de Castilla y León donde conviven PP y Vox, hecho que no le ha permitido tener tiempo "de posicionar" en la estafa de los dos empresarios en el ayuntamiento de la capital. Por eso, le ha tirado tres preguntas muy concretas: ¿"Pondría la mano al fuego por el señor Almeida?, condena la estafa de los comisionistas?, Usted embargaría los Ferraris"?. Para García, "el más grave no son sólo los comisionistas sino el panorama en qué comisionistas, hermanos, primos, sinvergüenzas y granulas se mueven como peces en el agua". "En eso se llama 'comissiocràcia' y en la 'comissiocràcia' el riesgo se mide en la cantidad de selfies que te puedes hacer con un dirigente popular, los días que te puedes ir de caza o jugar a golf con algunos de estos selectos patriotas," ha reprochado.
Ayuso defiende a su hermano en capa y espada
Ayuso, en un intento de defender a su hermano, insistió en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano e ironizó que "sólo falta la ONU" para fiscalizarlo. Así respondió la dirigente regional a las preguntas de los periodistas, en un acto en Brunete, sobre la solicitud de la Fiscalía Europea en la Fiscalía Anticorrupción de hacerse cargo de las diligencias abiertas por este contrato. Ayuso puso énfasis que "la Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción", tal como "manifestó a su auto hace semanas". Además, subrayó que lo mismo ha manifestado "la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente;" "la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes,", y "lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea".