La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 22 años de cárcel por la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El fiscal del caso 3%, José Grinda, pide las penas más elevadas para el extesorero de la formación, Andreu Viloca, para quien solicita 21 años y 4 meses de prisión por un delito de organización criminal, delito continuado de fraude a la administración pública, delito continuado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para el exconseller de Justícia y exgerente de CDC Germà Gordó, pide 18 años y diez meses. También pide una multa de tres millones de euros a CDC, o en su caso a su sustituto, el PDeCAT, por blanqueo de capitales. El fiscal cifra en 1,8 millones de euros el dinero que CDC habría obtenido de "pagos ilegales" a sus fundaciones.
En el caso de Francesc Sánchez, secretario económico de CDC, el ministerio público pide un año de prisión, una rebaja sustancial de la petición de la pena por su "colaboración"; como también para el extresorero de CDC Daniel Osàcar, condenado en el caso del Palau de la Música. En la sentencia del Palau se condenó a CDC a devolver 6 millones a la institución, dinero no resarcido ante la liquidación del partido. Hay un total de 30 personas acusadas.
Las empresas implicadas
En el escrito de acusación, de 210 páginas, el fiscal José Grinda afirma que en el periodo 2008 al 2015, altos cargos de Convergència, “en connivencia con cargos públicos y funcionarios" de distintas instituciones públicas de Catalunya y con diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha “una estructura para financiar el partido ilegalmente y de forma encubierta”. Y sostiene: “Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, y por el otro, de transformación de este dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito. Era un sistema superpuesto y complementario al llamado caso Palau”.
Además de los 30 acusados, hay 14 empresas acusadas como responsables jurídicas. Son Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructora, Constructora Pirenaica, TEC-Cuatro, Oproler Obras y Proyectos, Ayesa Ingeniería y Servicios, Impulsa Ortiz, Certis Obras y Servicios, Pasquina, Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos y Construcciones Deco.
Estructura jerarquizada y liderada por Gordó
El fiscal Grinda sostiene que, de los acusados adscritos a Convergència Democràtica de Catalunya, Germà Gordó era quien llevaba “el control y seguimiento de las licitaciones de las obras y servicios ofrecidos por diferentes administraciones del ámbito catalán” en ayuntamientos, diputaciones y municipios, o en organismos dependientes de la Generalitat. Añade que se instauró un sistema de adjudicación “de caucho”, que "permitía un grado formal de discrecionalidad, que, en realidad, encubría la arbitrariedad", y califica de "paradigmático" el caso de las sociedades de la Generalitat GISA o Infraestructures.cat.
Por eso, pide una de las penas más elevadas para Gordó: 7 años de prisión por organización criminal; 2 años y 6 meses de prisión por fraude en administración pública; 3 años de prisión por corrupción entre particulares; 1 año y 10 meses de prisión por tráfico de influencias, y 4 años y 6 meses por blanqueo de capitales, además de dos multas que suman 4,6 millones de euros.
Los otros acusados de CDC son Andreu Viloca Serrano, tesorero de CDC y de CatDem, a quien se le pide la pena más alta, de 21 años de prisión; Francesc Xavier Sánchez Vera, responsable económico de CDC; Daniel Osácar Escrig, exresponsable de finanzas de CDC y extesorero de las fundaciones CatDem y Forum Barcelona; Carles del Pozo Cerdá, gerente y coordinador del área económica de CDC, y Anna Dolors Benítez Bueno, jefa económica y financiera de CDC.
En cuanto a los empresarios acusados, a los cuales la Fiscalía ha borrado su nombre en el escrito de acusación facilitado a la prensa, son Francesc Xavier Tauler Ferré (a quien solicita 8 años de prisión, la pena más alta de los empresarios), José Miarnau Montserrat, Josep Manuel Bassols i Puig, Sergio Lerma Verde, José María Zaragoza de Pedro, Pedro Javier del Llano Vivancos, Ramón Anglada Cotcho, Joan Albert Arqués Fontdevila, Félix Pasquina Olivé, Juan Luis Romero Gamero, Ramón Blazquez Martínez, Joan Maria Pujals Vallvé, Jordi Sumarroca Claverol, Antoni García-Bragado, Jordi Soler Paredes, Jordi Durán Vall-Llosera y Emiliano Carpintero López.
Las administraciones públicas participantes
En cuanto a las administraciones públicas participantes, cita a la Autoritat Portuària de Barcelona con los acusados Sixte Cambra, expresidente de la Autoritat, y Antoni Vives, exvicepresidente de la Auritat y teniente de alcalde de Barcelona (a quien solicita 6 años de prisión); a la empresa del Ayuntamiento de Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA), con los "acusados relacionados a CDC”, Vives, Ángel Sánchez Rubio y Constantí Serrallonga Tintore; Infraestructures.cat, con los responsables Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell Polo; y las empresas públicas REGESA, GISA, IFERCAT y REGSA, antes de su unión a Infraestructures.cat
El fiscal sostiene que "los acusados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas catalanas, diseñando e implementando una operación triangular": directivos de CDC, autoridades de CDC, diferentes administraciones y empresarios. Asegura que el total de licitaciones comprometidas suman 218.759.664 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas, 168.706.262 euros; los proyectos modificados de proyectos, 1.777.626 euros; y las prórrogas, 4.539.755 euros.
Las 31 adjudicaciones bajo sospecha
En el escrito de acusación, el fiscal detalla hasta 31 adjudicaciones de obras que estarían manipuladas para adjudicarlas a las empresas acusadas, que días antes a la adjudicación hacían donaciones a las fundaciones del partido, CatDem y Fòrum Barcelona. Por ejemplo, cita las obras de ampliación del hospital Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona, el 2011; la construcción del dique este y la ampliación del acceso sur del puerto de Barcelona; la prolongación de los FGC a Sabadell, el 2014; la concesión del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Olot, así como reformas en distintas escuelas y Jefes del país.
El fiscal acusa los dirigentes de CDC de blanqueo de capitales, puesto que asegura que CDC “implementó y mantuvo un procedimiento” con el cual las cantidades percibidas por CatDem y Foro Barcelona, en concepto de donaciones, le eran trasladadas, y "se beneficiaba y disfrutaba de ellas", además de sostener que "había una caja única". En concreto, afirma que del total de donaciones, CDC se benefició de 1.857.000 euros de pagos "ilícitos" a sus fundaciones.
Los procesados tendrán que presentar ahora sus escritos de defensa, y la fecha de juicio tardará porque la Audiencia Nacional, con los juicios por la corrupción del PP, tiene las salas y tribunales desbordados. Antes, además, se tendrá que juzgar el caso de la familia Pujol Ferrusola.