La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia la incoación de un procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y su socio, el empresario del audiovisual, Juan Enrique Adell Bover, en la causa abierta por las ayudas públicas que recibieron las productoras que administraban entre 2015 y 2018. Anticorrupción considera que Puig podría ser el autor de los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa por las subvenciones públicas obtenidas por sus empresas audiovisuales. En Adell Bover lo acusa solo de falsedad documental. Sin embargo, según el escrito, "vista la facturación cruzada, los dos podrían ser autores por cooperación necesaria de los delitos cometidos por el otro". El Partido Popular denunció en el 2018 un presunto fraude de subvenciones, y en el 2019 llevaron a los tribunales las ayudas que recibieron del gobierno valenciano, el catalán y el aragonés Comunicaciones de los Puertos y Mas Mut Producciones, gestionadas por el hermano del exlíder del PSPV-PSOE; y Canal Maestrazgo, Kriol y Nova CB, a cargo de los Adell Bover.
Presunto delito
El Ministerio Público delimita el presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada a las cantidades obtenidas por Mas Mut SL entre 2015 y 2018, por una suma de 110.691 euros. Por otra parte, los hechos imputados a Canal Maestrazgo, la productora de la familia Adell Bover, podrían ser constitutivos de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil. A pesar de las acusiaciones del PP y las investigaciones, Francis Puig siempre ha defendido la legalidad de las subvenciones. En cambio, a la vista de la "facturación cruzada" entre las empresas de Puig y de Juan Enrique Adell Bover, la fiscal Adoración Cano considera que los dos podrían ser autores por cooperación necesaria de los presuntos delitos supuestamente cometidos por el otro.
El escrito de la Fiscalía apunta "aunque otras personas podían haber intervenido en la confección de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estafa, no es posible continuar con la investigación", haciendo referencia al auto de la sección tercera de la Audiencia de Provincial de Valencia que dio por acabada la instrucción. En relación con los presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada, el escrito señala que Mas Mut SL se puede ser considerar "una empresa ficticia o instrumental" y pone en cuestión el requisito de sociedad "beneficiaria de las subvenciones obtenidas". Además, según indica el escrito, la mayor parte de la facturación aportada por la empresa para justificar el abono de las subvenciones "podría ser falsa o creada con esta finalidad". Así pues, concluye que la compañía de Puig habría sido creada con "la única finalidad de obtener subvenciones". Fiscalía también constata un "perjuicio económico" a las administraciones afectadas e invita a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya a personarse para realizar acciones de recuperación.