La Fiscalía Anticorrupción ya apunta a un delito de cohecho por el alquiler del piso de la plaza Espanya de Madrid que la trama Koldo pagó a la expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, advierte de que este delito cobra fuerza después de constatar sus vínculos con la red, que se materializaron con el pago de la que era su pareja, Jessica Rodríguez. En el escrito, Luzón pone el foco en el chalet de lujo de que Rodríguez disfrutó durante más de 3 años y por los que la trama liderada por Víctor de Aldama abonó más 88.000 euros.

Anticorrupción considera que se trata de un "delito de indiscutible gravedad" que hace que no se le puedan levantar las medidas cautelares que se le impusieron a Ábalos: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecer cada 15 días ante la justicia. El ministerio defiende que las medidas son necesarias para que Ábalos "no pueda sustraerse a la acción de la justicia" y comparezca en la causa "cuando sea citado". El magistrado señala que las medidas son "plenamente proporcionadas en tanto, solo de manera ligera e indispensable, limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria".

Indicios de "entrega de obsequios o favores"

"Baste señalar, en lo que se refiere solo al delito de soborno, que el disfrute por la pareja del entonces ministro de una vivienda pagada por el entorno de Víctor de Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet previamente adquirido a este efecto a instancias del referido Víctor de Aldama y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades una vez más por Víctor de Aldama en Koldo García, asesor —más bien "asistente", en palabras del propio aforado— para su reparto o satisfacción de diferentes necesidades de Ábalos Meco constituyen poderosos indicios de entrega de los obsequios o favores que integran este tipo delictivo", apunta Anticorrupción.

El ministerio público también hace referencia al chalet de Ábalos en la localidad andaluza de La Alcaidesa, que adquirió a través de Have got time, mercantil en la que figuraba como apoderada Carmen Pano, pero que realmente controlaban De Aldama y Claudia Rivas, su mano derecha y empresario del fuel que está investigado por un presunto fraude de más 200 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. Y hace referencia a las entregas de metálico del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, a Koldo García.

El magistrado ha hecho referencia a la solicitud de Ábalos para que se le retiren las medidas cautelares, aunque, este miércoles, confirmó su decisión de mantener la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte, aunque accedió a permitir que el ahora diputado del Grupo Mixto comparezca quincenalmente delante del Supremo o ante el Juzgado decano de València, localidad en la que reside.