La Oficina Antifrau de Catalunya está investigando al Ayuntamiento de Sant Andreu Llavaneres. Hay varias investigaciones en marcha, según ha confirmado Antifrau a ElNacional.cat. Entre ellas, una que afecta directamente al alcalde de ERC, Joan Mora, y otra actuación donde estarían implicadas empresas relacionadas con concejales del gobierno. ERC gobierna Sant Andreu de Llavaneres en solitario y con mayoría absoluta.

La investigación afecta al alcalde; a los concejales Albert Sala Martínez, Jordi Roldós y Maria José Cano, a cuatro empresas y a un proveedor. La Oficina Antifraude puso en marcha las investigaciones en julio, pero hasta ahora el consistorio no ha respondido a sus requerimientos. La denuncia de un particular ha hecho poner en marcha el procedimiento de oficio que, en caso de que detectara un delito penal, tendría que dar paso a una investigación de la Fiscalía.

La denuncia que afecta directamente al alcalde se presentó el 24 de marzo de este año y ya ha pasado la fase de verificación. Alerta de presuntas irregularidades a través de los porcentajes de dedicación establecidos a los cargos y de las cotizaciones a la Seguridad Social. El alcalde habría cobrado unas cantidades que no le corresponderían.

 

Después de pasar la fase de verosimilitud, Antifrau decidió abrir actuaciones de oficio por presuntas irregularidades relacionadas con el pago de asistencias a los miembros electos del consistorio, con especial referencia a las satisfechas al Alcalde durante el anterior mandato 2015-2019, en concreto, desde el 19 de junio de 2015 hasta el 25 de junio de 2019.

La OAC pidió la documentación pertinente, a raíz de la investigación, antes del verano, pero el Ayuntamiento de Llavaneres se ha saltado todos los plazos según los requerimientos a los cuales ha tenido acceso ElNacional.

Entre la documentación que solicita Antifrau están las Bases de ejecución del Presupuesto de los ejercicios 2015 a 2019; los acuerdos adoptados por el Pleno en el mandato de 2015-2019 en relación con las asignaciones económicas satisfechas por el consistorio a los miembros electos; los informes internos, por parte de la secretaría o de la intervención municipal, o externos, que se hayan emitido con respecto a los acuerdos plenarios de aprobación del régimen remunerativo de los cargos electos en el mandato 2015-2019; el cuadro resumen de los importes satisfechos, por semestres y años del mandato de 2015-2019 a los miembros electos del consistorio en concepto de asistencias, detallando órganos, sesiones e importes por sesión; el Reglamento Orgánico Municipal vigente en el mandato 2015-2019.

La investigación se centra en el alcalde, Joan Mora, de ERC, a quien Antifrau advierte: "Sirva esta comunicación para comunicaros vuestra posible implicación personal en los hechos anteriormente expuestos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 18.3 de la LOAC, el cual prevé que en el momento que se determine la posibilidad de implicación individual en un hecho de una persona al servicio de una de las entidades referidas al art. 2 de esta ley, esta tiene que ser informada inmediatamente".

Antifrau se puso en contacto con el Ayuntamiento el 14 de julio y el 30 de julio volvió a hacer el requerimiento de la documentación porque no se les había entregado nada. El consistorio entregó la documentación el jueves.

En el pleno municipal el secretario de la corporación argumentó, a preguntas de la oposición, que no se había podido preparar nada por la proximidad de las vacaciones de verano.

Contratación a dedo

Además, Antifrau investiga la relación del gobierno de ERC del Ayuntamiento de Llavaneres con cuatro empresas y un proveedor: Vivers Sala Graupera Fill SL; Jardinería Sala Dalmau, SL; Pastelería Riera 23, SL; Print Decor, y un proveedor. La OAC investiga un presunto conflicto de intereses entre las empresas y los miembros del gobierno, por eso ha pedido los expedientes de contratación completos tramitados desde el año 2015 hasta ahora.

En esta investigación están implicados los concejales de gobierno Albert Sala Martínez (Economía), Jordi Roldós (Medio Ambiente) y Maria José Cano (Educación). El OAC les pide la declaración de bienes y actividades, que por ley tendría que estar publicada en la web municipal.

La Oficina Antifrau de Catalunya, además, pide explícitamente "si algún cargo público ha puesto en conocimiento de la institución la existencia de un conflicto de interés o ha planteado alguna consulta al respecto. En caso afirmativo, tenéis que trasladar a esta institución la información o documentación al respecto", requiere la OAC.