Deberes. La Oficina de Antifraude de Catalunya (OAC) ha presentado este jueves un informe razonado a la presidenta del Parlament en que le señala una decena de "irregularidades y malas prácticas" con respecto a  la contratación de personal en la cámara catalana, como las polémicas licencias de edad, según la documentación a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat. La Oficina, dirigida por Miguel Ángel Gimeno, da un plazo de 30 días a la presidenta Anna Erra para que le informe de las medidas adoptadas. El informe responde al permiso dado, el mayo pasado, por la Mesa del Parlament a Antifraude para que revisara la contratación de personal al recibir el organismo una denuncia anónima y no poder investigar a la autoorganización de la cámara sin su permiso.

En concreto la Oficina Antifraude sostiene que ha detectado "diez casos y prácticas irregulares en materia de personal: licencias por edad; prima o subsidio por jubilación y premio de vinculación; provisión en el lugar de oidor de cuentas; ampliación de una plaza en el concurso de letrados; ampliación de plazas en el concurso de ujieres; conflicto de interés de la secretaria general; plazas de mando pendientes de definir; creación de "plazas instrumentales" en conexión con los procesos de estabilización; selección de interinos "de refuerzo"; incremento del personal eventual, y obstáculos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Respuesta del Parlament

Desde el Parlament, se ha informado que la presidenta de la cámara ha encargado al secretario general “un informe sobre el contenido y el alcance de esta resolución de la OAC", y para dar respuesta a sus peticiones. Se añade que mientras se analiza el informe de Antifraude “el Parlament no valorará su contenido” y que “la presidenta y la Mesa arrecian su compromiso al continuar trabajando por una institución y una administración de máxima calidad, eficiencia y transparencia”.

13 licencias por edad

El escándalo de estas irregularidades se destapó el 2022  ensalir a la luz pública la concesión de privilegios al personal del Parlament, como las licencias por edad que permitían a los funcionarios cobrar sin trabajar a partir de los 60 años. Esto se aprobó en 2008, cuando la presidencia del Parlament la tenía Ernest Benach, y el año pasado la cámara modificó la norma interna, y ahora se los permite dejar de trabajar antes, pero con el sueldo que les corresponde por la jubilación y no en activo.

En el informe, Antifraude expone que, a pesar de que las licencias por edad del personal del Parlament se suprimieron el enero del año 2022, desde el momento en que se impulsó la modificación, se tramitaron y concedieron 13 licencias y muchas de ellas diferidas en un año vista o más. Añade que en 10 casos ha permitido sumar más tiempo de cómputo para incrementar significativamente los porcentajes de retribución a percibir durante la licencia y también en la prima de jubilación. Por eso, Antifraude sostiene que “hace falta que el Parlament de Cataluña revise las irregularidades señaladas, y, en particular, la oportuna aplicación del régimen de revocaciones de las licencias de edad autorizadas con anterioridad a la derogación del artículo 79 de los ERGI (Estatutos del régimen y gobiernos interiores del Parlament).

El caso del hijo de la secretaria general

Otro hecho polémico fue cuando se descubrió un conflicto de intereses porque se contrató como ujier el hijo de la secretaria general del Parlament desde el 2015, Esther Andreu, que por este hecho presentó su renuncia el mayo del año pasado, a pesar de asegurar que no había participado en el procedimiento. Sin embargo, la Oficina Antifraude concluye que “la entonces secretaria general se encontraba en una clara situación de conflicto de interés real en su intervención en el proceso selectivo, el cual no se gestionó adecuadamente; concretando, que en este caso concurría una causa de abstención, a partir del parentesco de consanguinidad en primer grado con uno de los aspirantes”.

El hijo de Andreu fue contratado el mayo de 2019 en un procedimiento que para Antifraude podría ser “nulo de pleno derecho”, como las otras dos plazas adicionales. En concreto, Antifraude expone que se convocó un concurso oposición libre para proveer once plazas de ujier o ujier, convocado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento el junio de 2018.  Precisa que se ha comprobado, por un lado, que esta convocatoria sí hacía mención a que el número de plazas convocadas quedaría ampliado en el supuesto de que se produjeran vacantes de los mismos puestos de trabajo entre la fecha de la convocatoria y la del inicio de las pruebas. Pero que de 9 meses después de la convocatoria (20.03.2019), la Mesa acordó ampliar en tres plazas más el número de convocadas.

Antifraude sostiene que “se ha constatado que el referido acuerdo de ampliación se adoptó cuando ya se había realizado y calificado la cuarta prueba del proceso selectivo y convocado la quinta prueba (20.12.2018), y, además, sin que el acuerdo hiciera ninguna referencia que se hubiera producido ninguna vacante entre la fecha de la convocatoria y la del inicio de las pruebas”. Por todo esto, propone en el Parlament que valore de revisar de oficio el acuerdo de ampliación de los ujieres y que le informe.

Primas sin norma legal

Otra irregularidad detectada es que, a pesar de que el 2021 se establecen algunas limitaciones en el premio de jubilación a partir del año 2027, este es un concepto que continúa vigente. Además, se prevé que hasta el año 2026, todo el personal que acredite un mínimo de 16 años en el Parlament cobre por este concepto el salario bruto, correspondiendo a la última anualidad. Y añade que el referido acuerdo establece otra gratificación llamada delgada de vinculación, con las modalidades de premio de gran vinculación y de premio de vinculación extraordinaria.

Antifraude señala que “ninguna de las versiones analizadas de los ERGI no regulan la prima o subsidio de jubilación ni la prima de vinculación “. Así mismo, manifiesta que estas gratificaciones tampoco se encuentran previstas ni en el Estatuto básico del empleado público, ni con otra norma con fuerza de ley, y pide al Parlament que lo arregle.

100 eventuales más

Finalmente, en materia de personal, Antifraude manifiesta que “a pesar de que no ha estado objeto de denuncia, se ha detectado que el número de eventuales del Parlament de Cataluña ha pasado de una media de 16 en el periodo 2010 - 2020 a 116 el 2022, número que se ha mantenido en el 2023; es decir, un incremento neto de 100 eventuales. El Informe señala que en términos porcentuales, en el periodo 2010 – 2020, el personal eventual representaba el 6% de la plantilla, mientras que en los ejercicios 2022 y 2023 ha pasado a representar el 30% de la plantilla.

El motivo es que 2022 hubo un traspaso del personal asistente de los grupos parlamentarios, a los cuales asesora técnicamente y apoya administrativo, hacia la Administración parlamentaria. Sobre este punto, Antifraude  afirma que “si se confirmara el traspaso de personal asistente de los grupos parlamentarios a la plantilla del Parlament sin que este personal preste servicios a la Administración parlamentaria o bien no asesore ni de apoyo administrativo a ningún cargo orgánico de esta, de nuevo, a pesar de que la Oficina Antifraude no puede entrar a valorar la oportunidad de las decisiones de autoorganización del Parlament en materia de personal, resulta pertinente recomendar una revisión jurídica de la situación señalada para valorar su adecuada cobertura legal y retribución a cargo del capítulo 1 del presupuesto de Parlament.”

En cuanto a los obstáculos al derecho al acceso la información pública, Antifraude expone que el Parlament ha admitido algunas disfunciones y problemas, y que lo comunicará a la Síndica de Greuges.