El Ayuntamiento de Mataró tiene nuevos frentes administrativos y penales abiertos por el caso de una interina, arquitecta de profesión, que denunció irregularidades en la contratación de personal en el consistorio y fue cesada de su cargo justo hace un año, a pesar de disponer del reconocimiento de persona alertadora de corrupción por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que la protegió a partir del 15 mayo de 2023. Antifrau ha requerido ahora al consistorio que debe reincorporar "inmediatamente" a esta trabajadora a su plantilla, según han confirmado fuentes de Antifrau a ElNacional.cat este jueves. Por ahora, el equipo del alcalde de Mataró, el socialista David Bote, no ha respondido de forma oficial al organismo. Paralelamente, a raíz de las irregularidades en la contratación denunciadas por la trabajadora, la Fiscalía de Mataró ha confirmado que ha denunciado a diez cargos y funcionarios del Ayuntamiento en el juzgado por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Antifrau concluyó, el pasado 1 de diciembre, que el Ayuntamiento de Mataró, por medio de varios actos administrativos, ha causado hasta ocho paquetes de represalias a la interina, además de otras acciones contrarias a la norma, y le requería que corrigiera dichas actuaciones no ajustadas a derecho. El plenario del consistorio del Maresme acordó crear una comisión para analizar estos requerimientos. Ahora, además, Antifrau ha instado al consistorio a restablecer el puesto de trabajo a la interina. Y es qué Antifrau requirió de forma específica al Ayuntamiento que parara la resolución del concurso laboral —donde participaba la alertadora— hasta que se acabara de valorar el conjunto de la situación. Sin embargo, el Ayuntamiento no hizo caso y la cesó igualmente, a pesar de que alguna de las irregularidades denunciadas es que no se había puntuado correctamente su experiencia, lo que le hubiera permitido ganar la plaza.
Expediente sancionador, pendiente
La arquitecta, que quiere mantener su anonimato, es crítica con este procedimiento porque sostiene que Antifraude tendría que haber iniciado el procedimiento sancionador al consistorio —lo que anunció que haría— hace meses. Fuentes de Antifrau han confirmado a este diario que todavía no han iniciado un procedimiento sancionador al consistorio mataronense porque, un año después de iniciar este caso, todavía recogen información, y se hacen actuaciones previas, pues alegan que al iniciar el sancionador solo hay seis meses para actuar.
La ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, contempla la sanción tanto de personas físicas como jurídicas, es decir, tanto a un funcionario responsable de una resolución como al consistorio o a una empresa privada. Las infracciones contempladas en la ley pueden alcanzar los 300.000 euros para infracciones muy graves, como Antifrau ha calificado las acciones contra la interina de Mataró. Antifrau, que el pasado marzo cumplió su primer año como Autoridad Independiente de Protección del Informante en Catalunya, ha recibido la petición de protección de 28 personas, de las cuales ha realizado 23 expedientes de protección. La arquitecta de Mataró es una de ellas.
Precisamente, en su requerimiento al consistorio de Mataró, Antifraude informa que "pueden incurrir en responsabilidad tanto la corporación local como las concretas personas físicas a que sean imputables las conductas infractoras, y que la persistencia temporal del daño o perjuicio causado y la continuidad en la conducta infractora se tendrán que tener en cuenta a los efectos de la graduación de eventuales sanciones".
Primera sentencia condenatoria
Paralelamente, el pasado abril la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó al Ayuntamiento de Mataró a indemnizar a esta trabajadora con 49.108 euros por daños morales por no haber cumplido la norma de prevención de riesgos laborales, con importantes daños generados, concluyendo que "se vulneró su derecho fundamental a la integridad moral (arte. 15 CE)."
El tribunal revoca así la sentencia del juzgado de lo social 1 de Mataró, que había negado cualquier irregularidad, y destaca que "el consistorio no tuvo en cuenta las alertas de esta arquitecta, contratada como interina el 2015 y que el 2019 denunció que sufría acoso laboral". Añade que "el consistorio tampoco hizo caso a los requerimientos de Inspección de Trabajo y que se reiteró en conductas identificadas como conducta hostil por la Agencia de Salud Pública, lo que provocó que registrara diferentes incapacidades temporales entre los años 2019 y 2022."
El alto tribunal catalán también afirma que, aunque esté fuera del tiempo analizado, "hay que incorporar al relato judicial" que en mayo de 2023 la Oficina d’Antifrau de Catalunya (OAC) declaró a la trabajadora como informadora de corrupción en el consistorio, por supuestas irregularidades en la contratación, y que su traslado de puesto de trabajo es interpretado como una "represalia" porque confirma el comportamiento irregular de responsables municipales.