Aviso del letrado mayor del Parlament y profesor de derecho administrativo en la UPF, Antoni Bayona, al Govern por el referéndum del 1-O porque no tiene clara la legitimidad de la vía unilateral y alerta que la doctrina jurisprudencial actual —que la tilda de "especialmente rígida"— "impide a estas alturas la realización de un referéndum o de otra consulta dirigida a los ciudadanos de Catalunya que tenga por objeto preguntar sobre la independencia de Catalunya o la creación de un Estado catalán", a no ser que se modifique o matice "sustancialmente".

En un artículo en la Revista catalana de dret Públic (Revista catalana de derecho público) avanzado por La Vanguardia, Bayona considera que el procés se contradice entre el principio democrático y el de legalidad constitucional, al mismo tiempo que aprovecha para recordar que el 27-S JxSí y la CUP consiguieron mayoría de escaños, pero no de votos; y que, además, esta situación "ha generado consecuencias importantes" para la Cámara catalana que ha visto como el Tribunal Constitucional iba declarando inconstitucionales sus decisiones al ser un proceso "incompatible" con la orden constitucional establecido.

Y no solo eso. El letrado mayor carga contra el Parlament por "no mostrar siempre una línea clara de continuidad y coherencia" y considera que tildar el Estado de "totalitario" es "un grave error de apreciación política y sobre todo jurídica". Precisamente por eso destaca que el referéndum es solo un movimiento táctico para reforzar la legitimidad de la vía unilateral porque no tendrán los requisitos mínimos requeridos para celebrar el referéndum.

Prohibido para todo el mundo

El letrado mayor del Parlament pone encima de la mesa que, como ya había señalado el TC, "si la pregunta o cuestión afecta al orden constitucional", la Generalitat no puede llevar a cabo un referéndum, de la misma manera que tampoco podría hacerlo el Estado español.

Eso sí, Bayona avisa también de que la Resolución 742/IX, de 27 de septiembre de 2012, sobre la orientación política del Govern ha marcado en Catalunya un antes y un después. Primero porque se daba por agotada la vía del diálogo con el Estado que durante tantos años el Ejecutivo catalán había intentado establecer; y después porque, en este punto, el derecho a decidir "se perfila como un derecho o atribución de los ciudadanos de Catalunya a poder determinar el futuro político de Catalunya, con la condición de que este futuro puede depender de otros parámetros jurídicos y políticos que los que determina el sistema de autonomía previsto por la Constitución y el Estatuto vigentes".

La creación de JxSí y el apoyo de la CUP han comportado un cambio radical en la política parlamentaria que Bayona no quiere empezar en enumerar, pero sí que quiere dejar clara que "una de las consecuencias más importantes [...] ha sido la de enfatizar el carácter unilateral de un proceso que ha tenido especial trascendencia en el plano jurídico".

Contradicciones, a medias

A simple vista, sin embargo, y siempre según asegura el letrado mayor del Parlament, las primeras declaraciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación no entraban desde una perspectiva jurídica "en una contradicción clara y evidente con la Constitución".

Ahora bien, Bayona subraya que la resolución que hacía efectivo el derecho a decidir podía "presentar un cierto grado de ambigüedad calculada" —concepto que aparece en varias ocasiones— porque, aunque no dice nada sobre la consulta, la presupone cuando garantiza que "Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática,'carácter de sujeto político y jurídico soberano'".

Un ejemplo de eso son "las actividades que los poderes públicos catalanes puedan promover para ejercerlo [el derecho a decidir]", básicamente porque la STC 42/2014 del derecho a decidir y la soberanía "no se pronuncia sobre la realización de una consulta por el derecho a decidir".

Debilidad

La predisposición del Govern, sobre todo desde el 27-S, a salir adelante con el proceso hacia la independencia empieza a tener "especial trascendencia" cuando se aprueba la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Catalunya, según el letrado mayor de la Cámara catalana, que añade que eso supuso un "punto de inflexión" porque ahora ya se hacía referencia a "expresar, de manera clara e inequívoca, la voluntad de iniciar el proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república y de aprobar normas necesarias que hagan posible la desconexión de Catalunya con el Estado español".

El problema de esta resolución, sin embargo, es que, al creer el Govern que el mandato de las últimas elecciones catalanas legitiman la puesta en marcha el proceso hacia la independencia "sin estar necesariamente acondicionadas por la legalidad constitucional y estatuaria, se plantea de manera unilateral y sin tener en cuenta los procesos de reforma constitucional". Eso, según Bayona, demuestra "una debilidad de origen cuando lo que se pretende es legitimar una ruptura del marco jurídico vigente".

Esta, sin embargo, no es la única "debilidad" que destaca al letrado mayor del Parlament. El paso en firme del Govern "segrega la idea de democracia" respecto de la que tiene el Estado español porque mientras Catalunya defiende la vía unilateral, el Gobierno no sale de la vía constitucional porque considera que democracia y legalidad van de la mano, hecho que no da lugar a ningun otro tipo de interpretación por parte de los de Mariano Rajoy.

Conflicto y errores

Una vez más, Bayona alerta de que todo ha desembocado en "un conflicto jurídico especialmente grave entre dos principios básicos inherentes a las democracias occidentales, como son el de la democracia y el de la legalidad", es decir, todo lo que establece la Constitución. Fuera de aquí, no hay margen para nada más.

Para el Govern, el enrocamiento y negativa del Estado para celebrar el referéndum es un motivo para tildarlo de "autoritario", lo que para el letrado mayor "puede suponer un grave error de apreciación política y sobre todo jurídica" si se tiene en cuenta que "un proceso de independencia en un sistema democrático puede ser más difícil de alcanzar que en otra coyuntura".

Bayona, pues, da la razón al Gobierno. Y lo hace porque considera que "una democracia consolidada implica la existencia de un marco político y jurídico estable y la garantía de que cualquier cambio sustancial se haga dentro del marco establecido por la Constitución".

Muerto el diálogo...

Ahora bien, el letrado mayor sí que da la razón al Govern en varios aspectos, sobre todo en que "la vía del diálogo y negociación [...] se ha revelado, más que agotada, inaccesible" y lo que es más, "desde el punto de vista político es incuestionable que el Estado ha mantenido una línea claramente opuesta a la posibilidad de negociar un referéndum o consulta sobre el derecho a decidir y ha abortado todas las iniciativas de la Generalitat adoptadas en esta dirección".

Sin embargo, vuelve a insistir en que poca cosa más puede hacer el Estado y lo justifica bajo el argumento que "este comportamiento político y jurídico de las instituciones estatales no se puede considerar especialmente deferente hacia el principio democrático".

No obstante, el Parlament, saldrá adelante con el referéndum o, al menos, eso es lo que parece porque, según Bayona, "este tramo final del proceso parece indicar que se trata más de un movimiento táctico que tiene como último objetivo político reforzar la legitimidad de la vía unilateral", para así "demostrar que se ha insistido en la voluntad de hacer la consulta, pero que, si esta no se hace, no habrá sido por causa imputable a las instituciones catalanas", lo que, siempre a opinión suyo, "puede tener un problema del credibilidad".

Escaso apoyo internacional

La viabilidad del proceso en este momento es, a opinión de Bayona, "prematura y poco realista" porque "no se conoce la existencia de una mayoría social favorable a la independencia" y, además, dejando de lado que el Estado puede utilizar algún instrumento para "interrumpir" el proceso, la comunidad internacional "no parece especialmente favorable a reconocer una vía unilateral y menos todavía la Unión Europea".

En este punto, Bayona va un paso más allá e insiste en que "querer un referéndum en un contexto tan hostil puede tener consecuencias con respecto al reconocimiento de sus efectos en el ámbito interno y externo, ya que parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles a un procedimiento participativo como este".

El letrado mayor lo tiene claro y las presiones internacional que reconoció al exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo no parecen haber calado, pues, en sus motivos para establecer eso. Tampoco las menciones a Catalunya en diferentes partes del mundo pidiendo que dejen votar a la ciudadanía.