El polémico informe de la Abogacía del Estado con el que el ministerio de Hacienda se escuda para no liquidar los impagos a las comunidades autónomas y que este martes la ministra María Jesús Montero tuvo que reconocer que todavía no tenía, finalmente, habría aparecido. Aunque en ningún sitio se ha publicado íntegramente, varios medios aseguran haber tenido acceso.

Después de que el PP pidiera la dimisión de la ministra por "mentir" sobre un informe inexistente y que algunos gobiernos autonómicos, como el de Catalunya, alzaran la voz por este hecho; Montero ha asegurado este miércoles que tiene desde ayer tarde el supuesto informe sobre la mesa y que los da la razón. Según la Abogacía del Estado, el Gobierno no puede facilitar la financiación en cuentas de las comunidades porque está en funciones.

Para sortear la polémica, Montero se ha escudado con que tenía conocimiento "verbal" del veredicto de la Abogacía desde hacía meses, aunque físicamente no llegara hasta este martes por la tarde. "Se estaba redactando de verbal a escrito y, por lo tanto, era ya un acuerdo conocido, tal como dice el mismo escrito, de lo que ya se había informado en varias ocasiones. Se pidió la semana pasada que se redactara y llegó ayer al Ministerio" , ha explicado Montero.

El informe, al que han tenido acceso algunos medios como La Vanguardia o El País, da un 'no' tajante a la modificación de la financiación en un gobierno en funciones. El supuesto texto, que tendría 13 páginas, defiende que "la revisión del importe de las entregas a cuenta tiene una fuerte relevancia financiera" por lo que considera que "su realización por un Gobierno en funciones condicionaría al nuevo Gobierno, afectando en las facultades de dirección de la política interior y exterior que le atribuye la Constitución".

Sin embargo, Montero ha defendido que, aunque el presunto informe sea desfavorable, está buscando "fórmulas" para pagar los anticipos a las comunidades. Algunos gobiernos, como el de la Generalitat, ya han anunciado que llevarán al Estado a los tribunales para reclamarle este dinero, que en el caso de Catalunya se eleva a 1.317 millones de euros.

Galicia y Catalunya y León podrían seguir también la vía judicial, aunque lo harían por separado.