Nuevo retraso. La Audiencia de Barcelona ha aplazado la vista que tenía programada este miércoles para resolver una cuestión de competencia entre la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que procesó a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat y empresarios por organizar el 1-O, y la causa de Exteriors, con una decena de investigados en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona. La vista se ha suspendido ante una urgencia personal de la magistrada ponente de la sección 2.ª la Audiencia de Barcelona, y la nueva vista se ha programado para el 1 de febrero de 2023. Es decir, los encausados del 1-O se beneficiarán de las graves dilaciones que arrastra esta causa, desde que fueron procesados a l'abril de 2021. Además, la reforma del Código Penal, que rebaja el delito de malversación de 1 a 4 años de prisión si no hay lucro personal, también estará en vigor el año que viene y, por lo tanto, la Fiscalía tendrá que revisar su escrito de acusación, que estaba medio hilvanado.
La vista en la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona es impulsada por Aleix Villatoro, exsecretario de Acció Exterior, que ha sido investigado en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y, una vez procesado, en el juzgado de instrucción 18 de la misma ciudad por haber aprobado partidas de promoción de Catalunya en el exterior. Su abogado, Ramón Setó, afirma que son dos causas con hechos "de connexitat necesaria" y que mantenerlas separadas le perjudica, por eso solicita que se unifiquen. La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona les negó la unificación, y la Audiencia lo tiene que resolver ahora. Paralelamente, la abogada Judit Gené, en nombre de Albert Royo, exdirector general del Diplocat, también presentó un recurso en la causa del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, porque también es investigado en los dos juzgados por hechos conexos. El recurso de Villatoro y de Royo se tienen que resolver en vistas diferentes por parte de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona. Se prevé que se haga el mismo 1 de febrero en vistas consecutivas.
Fiscalia fijará los acusados por malversación
En la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona hay 27 ex altos cargos de la Generalitat y empresarios procesados por haber organizado el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya. De este total, 19 son acusados de malversación de fondos públicos y, en algunos casos, de los delitos de prevaricación y de falsedad documental. Son Villatoro y Royo, pero también excargos de Junts y ERC, como Antoni Molons, exsecretario de Comunicación del Govern, o Amadeu Altafaj, exdirector de la delegación de la Generalitat en la UE. En última instancia, la magistrada añadió como procesados a Manuel Manonellas, delegado del Gobierno a Suiza, y a Ignasi Genovès, exdirector general de Medios de Comunicación de la Generalitat.
No obstante, la lista final de acusados por malversación de fondos y los otros delitos no se sabrá hasta que la Fiscalía detalle a quién acusa por este delito y los otros. Una prueba clara es que Natàlia Garriga era acusada de malversación en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, y cuando asumió el cargo de consellera de Cultura, su caso subió al TSJC. La instructora del TSJC, Maria Eugènia Alegret, determinó que las obras hechas en la nave del CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) no se podían imputar a Garriga porque no fueron hechas solo para el 1-O, y la Fiscalía, al final, no lo acusa por malversación y solo será juzgada por desobediencia. Por el contrario, los diputados de ERC, Josep Maria Jové y el actual presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, serán juzgados por malversación de fondos, prevaricación y revelación de secretos, además de desobediencia. Los dos, seguramente, serán los primeros a beneficiarse de la reforma del Código Penal, impulsada por el PSOE, Podem y ERC, que en el caso de la reforma de la malversación entra en vigor 20 días después de publicarse en el BOE.