La jueza ha decidido suspender la declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso después de que PSOE y Más Madrid hayan pedido que se investiguen cinco delitos más. En concreto, las acusaciones populares reclaman estudiar los indicios de que Alberto González Amador también haya cometido el tipo agravado del delito contra la hacienda pública, así como el delito contable y los delitos de administración desleal, de falsedad contable y de corrupción a los negocios. De momento, el novio de Ayuso está acusado de fraude fiscal y falsedad documental por haber defraudado presuntamente más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de una serie de facturas falsas y sociedades pantalla. Fuentes socialistas apuntan que el volumen de los archivos de la causa “ha hecho imposible el análisis documental completo” y argumentan que han pedido la suspensión de la declaración para “poder tener una adecuada instrucción de todos los documentos”. La vista de este lunes, que llegaba el mismo día que la presidenta de la Comunidad de Madrid está de viaje oficial a Alemania, habría podido servir para que González Amador y la Fiscalía rubricaran un acuerdo que le evitara la entrada en la prisión.
Fue la pareja de Ayuso quien ofreció inicialmente un pacto a la Fiscalía. Justamente fue la querella por revelación de secretos que presentó el empresario contra el fiscal que instruye el caso y contra la jefa de la Fiscalía de Madrid la que relataba que su abogado se puso “inmediatamente” en contacto con la Fiscalía después de saber que abriría una investigación contra él. El motivo: era consciente de que su “relación sentimental” con la presidenta madrileña tendría un “potencial efecto deformador de las garantías procesales”. Así pues, el abogado aseguraba que González Amador reconocía los delitos porque estaba convencido de que ser la pareja de Ayuso impediría poder defenderse como cualquier otro ciudadano y no para que hubiera defraudado a Hacienda con facturas falsas.
Un fraude fiscal de 350.000 euros en 2020 y 2021
El origen de todo es un informe procedente de la Agencia Tributaria, en el que constaba que la empresa de González Amador había registrado “un incremento de los ingresos de actividad con ocasión de la intermediación en una operación de venta de material sanitario”. Además, Hacienda aseguraba que la conducta descubierta no era “fruto de un mero error”, sino de una conducta “consciente, deliberada y claramente dolosa” que “merece su reproche penal”. La Fiscalía esgrimía que, ante “el incremento del volumen de negocios que había experimentado” en 2020 y 2021, la empresa se había deducido “indebidamente gastos en virtud de facturas de que no se corresponden con servicios realmente prestados”. El escrito cifraba el supuesto fraude fiscal en 155.000 euros en 2020 y en 195.951,41 euros en 2021. En total, 350.000 millones de euros defraudados por contratos de mascarillas.
Cambió su imagen en la declaración que se suspendió el 20 de mayo
La declaración de hoy se tenía que producir después de que el pasado 20 de mayo la jueza ya tuviera que suspender su declaración porque a uno de los investigados citados no se le había podido notificar la cita y porque no se pudo tramitar una videoconferencia prevista para el día siguiente en los juzgados de Sevilla. Ahora bien, la cita dio de sí: Alberto González Amador llegó a los juzgados de manera discreta y sin ser captado por los medios después de que cambiara su imagen: llevaba el pelo más corto y sin barba. Eso hizo que los periodistas que lo esperaban en los dos accesos no se dieran cuenta de su presencia. Cuando salió, se marchó con una peluca gris para no ser identificado por la prensa.
La querella de Alberto González Amador contra la Fiscalía por revelación de secretos
En paralelo a la investigación por fraude fiscal, Alberto González Amador está protagonizando otro frente judicial: su batalla contra la Fiscalía por presunta revelación de secretos. La pareja de Ayuso presentó hace un mes y medio una querella contra Pilar Rodríguez Fernández (fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid) y Julián Salto Torres (fiscal de la sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía) para difundir información sobre su caso de fraude fiscal. Concretamente, compartieron una nota de prensa indicando que la pareja de Ayuso había ofrecido un pacto en la Fiscalía y admitía el fraude a Hacienda con el fin de no entrar en la prisión. Los dos están citados a declarar el próximo jueves 27 de junio.
El 10 de junio, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid su “responsabilidad última” de la publicación de la nota de prensa que “desmentía informaciones falsas” sobre González Amador. Apuntaba que no se cometió ningún delito y que si se lo tiene que investigar como fiscal del estado, quien es competente es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debido a su aforamiento. Días más tarde, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, confirmó al juez que recibió la orden directa de García Ortiz de difundir la nota explicativa.
Cuando aceptó la querella, el TSJ de Madrid sostenía que había que investigar el “verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados” y esgrimía que hay indicios delictivos: “No se puede descartar la relevancia penal de los hechos descritos como constitutivos de las figuras apuntadas en la querella”. Además, la providencia esgrimía que había que aclarar si “el Ministerio fiscal se ha excedido en el derecho a la información que lo asiste”.