Destacados abogados europeos y defensores de derechos humanos han expresado su apoyo al penalista Gonzalo Boye, ante el juicio que tiene que afrontar con la acusación de blanqueo de capitales del narcotráfico y de falsedad documental en la Audiencia Nacional, el lunes que viene. Wolfgang Kaleck, abogado y secretario general del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR, en las siglas en inglés), y una decena más de abogados han dirigido una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que se muestran "preocupados" y le piden que revise la acusación que se mantiene contra Boye y que no sea una represalia por su defensa de políticos destacados del independentismo catalán, como el president en el exilio, Carles Puigdemont, y de derechos humanos. "Nos preocupa que esta acusación sea percibida como una extensión de las presiones que ha afrontado desde su implicación en la defensa de los clientes catalanes después del referéndum del 2017", afirman los abogados en la carta, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este jueves. Además, le detalla que informará del resultado del proceso penal contra Boye a la ONU.
En concreto, la Fiscalía pide 9 años y 9 meses de prisión para Boye, a quien acusa de haber ayudado a blanquear unos 889.620 euros, que asegura que son José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. Sin embargo, pocos días antes del juicio, uno de los acusados, Manuel Pedro González Rubio, ha dicho al tribunal que son suyos. Hay otras pruebas que hacen tambalear la acusación del ministerio fiscal.
Además de esta organización con sede en Berlín, la Coordinadora de Abogados por Catalunya ha convocado una concentración ante la sede de la Audiencia Nacional, en San Fernando d'Henares, en Madrid, en el inicio del juicio, el lunes, 18 de noviembre, a las 10 de la mañana.
Defensor de causas políticas
En la carta, los letrados califican Boye de "destacado abogado y defensor de los derechos humanos", además de explicar que el centro ha colaborado con él "en numerosos casos". Añaden que Boye ha participado en varios procesos judiciales de alto perfil y que "se ha enfrentado a una presión considerable por haber representado a acusados con motivación política y casos sensibles", y que en este tiempo "ha demostrado constantemente su compromiso en defender el Estado de derecho y los derechos fundamentales, y sus aportaciones han sido reconocidas tanto por colegas como por clientes".
Pero, confiesan: "Nos preocupa especialmente que los cargos contra Boye puedan ser percibidos como una extensión de las presiones que ha afrontado desde su implicación en la defensa de los clientes catalanes después del referéndum del 2017". Y afirman que Boye "no tiene que sufrir, ni ser amenazado con, sanciones por cualquier acción realizada por deberes profesionales reconocidos, ni se tiene que identificar con sus clientes".
Por todo eso, los miembros del centro piden al fiscal general del Estado que las acusaciones contra Boye "se examinen de manera exhaustiva y transparente". Y reiteran: "Esperamos sinceramente que este caso se trate con la máxima equidad, imparcialidad y respeto a los derechos del señor Boye como abogado. Y que se hagan todos los esfuerzos por llevar a cabo una revisión exhaustiva de las pruebas, permitiendo una resolución equilibrada y justa que defienda los principios de justicia y Estado de derecho."
Informe en la ONU
Además, los abogados informan al fiscal general de que han compartido un informe con el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Abogados en el 2019 y que "actualizará" su comunicación a la ONU sobre la evolución de este juicio y el impacto en el oficio de abogado.
Entre los firmantes, está: Christophe Marchand, abogado de Bélgica; Chantal Meloni, abogada y profesora de Criminología en la Universidad de Milán; Jennifer Robinson, abogada; Doughty Chambers, profesor de derechos humanos en el Reino Unido; Wolfgang Schomburg, abogado y exjuez del Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y del Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda, y Ben Wizner, abogado de Nueva York, entre otros.