El recurso de Jordi Cuixart ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo va mucho más allá de un pulso al estado español, está en juego la defensa de los derechos fundamentales en toda Europa. Este ha sido el argumento central de la rueda de prensa que Òmnium ha organizado este mediodía en la prisión Model de Barcelona, donde ha querido mostrar el apoyo internacional con el que cuenta la denuncia de Cuixart, a través de la presencia de miembros de organismos internacionales, de las principales ONG de defensa de los derechos fundamentales y de la Premio Nobel de la Paz Jody Williams.
"Si somos tantos hoy aquí es porque el caso Cuixart está poniendo en riesgo todo el sistema de derechos fundamentales en Europa", ha explicado el abogado Olivier Peter, del equipo que se ha encargado de la defensa internacional del líder de Òmnium y que ha descrito el recurso de Cuixart a Estrasburgo como "un recurso europeo, porque el resultado tendrá efectos sobre los derechos fundamentales de toda la sociedad europea".
El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, que ha insistido en que con este recurso se busca en instancias internacionales la justicia que no se ha conseguido en España, ha subrayado que el caso de Cuixart es "especialmente grave porque es el único defensor de derechos humanos encarcelado en la Unión Europea".
Òmnium ha insistido en que el de Cuixart fue un juicio político, un caso general contra el ejercicio del derecho a la autodeterminación, dentro del cual todavía hay miles de personas que se encuentran perseguidas.
A preguntas de un periodista de la BBC, Mauri ha recordado que Cuixart lleva más tiempo encarcelado bajo un gobierno del socialista Pedro Sánchez que con el de Mariano Rajoy. "Desgraciadamente, por lo que respecta a los presos políticos, diferencias no hemos visto", ha lamentado, además de exigir de nuevo la amnistía.
Premio Nobel de la Paz
Jody Williams, cuyo testimonio en el juicio fue rechazado por el presidente de la sala del Supremo, Manuel Marchena, ha intervenido a través de un mensaje grabado en los Estados Unidos, en el que ha advertido que el caso de Cuixart es "emblemático" y "una de las muestras más flagrantes" de cómo se utiliza el poder del Estado para silenciar a la gente.
También han participado en la rueda de prensa a través de mensajes de vídeo la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement, y el secretario secretario de la Organización Mundial contra la Tortura, Gerald Stabercock, desde México y Ginebra.
Se han conectado en directo por videoconferencia Ed Donovan, asesor de la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas; Masha Chichenkova, la coordinara de Protección en Europa de Front Line Defenders, y Giada Negri, de European Civic Forum.
Desde la primera fila, seguían la rueda de prensa representantes del Colectivo Iridia, abogados defensores de los derechos fundamentales como August Gil Matamala y el equipo de abogados que defendió a Cuixart.
Indulto: ni garantías ni reparación
Por lo que respecta al efecto de un posible indulto, el abogado de Cuixart ha admitido que puede servir para poner fin a la prisión, pero "no garantiza ni reparación ni reconocimiento ni tiene ninguna garantía de no repetición", por lo cual se muestra convencido de que Estrasburgo analizará el caso a fondo aunque se apruebe.
En cualquier caso, ha remitido cualquier valoración sobre los efectos del posible indulto dependiendo de la argumentación que haga el Gobierno.
Caso singular
Olivier ha enumerado durante la rueda de prensa lo que ha descrito como "singularidades" del caso del presidente de Òmnium: "Fue condenado por sedición por ejercer el derecho a la manifestación, por ejercer la libertad de expresión, condenado después de un juicio repleto de irregularidades, por lo tanto, estamos ante un caso único, el presidente de una de las entidades filoculturales más importante de Europa encarcelado y condenado por ejercer derechos fundamentales", ha argumentado.
El abogado ha enumerado la vulneración de derechos que presenta este caso: el derecho de manifestación, a un tribunal predeterminado por ley, el derecho a un juicio justo y a la defensa efectiva, el principio de legalidad, a la protección ante la detención arbitraria y, "el punto más interesante", según Olivier, "una limitación abusiva de derechos fundamentales", según contempla el artículo 18 del Convenio Europeo de los derechos Humanos.