La nueva ley del catalán en la escuela acordada por PSC, ERC, Junts y comuns ya ha sido aprobada. Después de dos meses de malentendidos, desacuerdos, reproches y trabas de la derecha, finalmente el consenso se ha dado y el Parlament ha dado luz verde a la nueva ley sobre "el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria", la vía de acuerdo que han encontrado los cuatro grupos parlamentarios -los mismos que han votado a favor- para combatir la obligación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de hacer el 25% del castellano en las aulas. Ahora, tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Parlament, un nuevo marco normativo establece que el uso de las lenguas se tiene que decidir de acuerdo con el proyecto lingüístico que fija cada centro. No hay cuotas ni porcentajes, y la nueva ley establece el catalán como lengua "normalmente utilizada como vehicular" y el castellano como "lengua curricular".

 

Es el texto que pactaron los cuatro partidos del Parlament, después de no conseguir llegar a un acuerdo en la primera propuesta, la referente a la reforma de la ley de Política Lingüística. La principal diferencia con respecto a aquel acuerdo inicial del cual Junts se descolgó, es que el uso de las lenguas en los centros educativos "se tiene que determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de forma singularizada para cada uno de los centros educativos", y también la ley designa el catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado, un aspecto que se había eliminado en el texto de la reforma de Política Lingüística.

La aprobación de esta ley ha llegado después de días de incertidumbre en la cámara catalana. Tan pronto como superó el primer trámite en el Parlament, Vox, Ciudadanos y el PP decidieron llevar el escrito al Consejo de Garantías Estatutarias, que lo ha tenido en un cajón durante más de una semana, emitiendo finalmente un informe que avala el nuevo escrito, y que establece que, a diferencia de lo que habían denunciado los tres partidos de la derecha, no contradice ni el Estatuto ni la Constitución. De hecho, el informe del Consejo de Garantías considera que la nueva ley establece "un uso más amplio del castellano al sistema educativo en comparación con las leyes ya existentes de educación y de política Lingüística. Por lo tanto, según el CGE el hecho de que se declare el castellano de uso curricular y educativo implica que no queda excluido del sistema educativo, mientras que también "se le reconoce un uso que es obvio que va más allá de su utilización sólo en la impartición de esta lengua como materia, asignatura o área".

Esta ley, según los partidos del Govern, tiene que servir para combatir la imposición de los tribunales, aunque el PSC, que también ha participado de ella, establece que sirve para cumplir mejor las sentencias. La manera de interpretar el escrito entre los cuatro grupos es bien diferente, y es que mientras que para unos se fija en que el catalán es la lengua vehicular, el PSC defiende que dando la categoría de curricular al castellano, también significa vehicular. Sea como sea esta ley se ha aprobado y según defienden Junts y ERC, ahora se tendrá que complementar con la aprobación definitiva del decreto del Govern, que también rechaza los porcentajes y que atribuye la responsabilidad de los proyectos educativos a la Conselleria de Educación. Este decreto ya ha entrado en vigor pero tiene que superar una votación en el Parlament, que a estas alturas está parada porque los tres partidos de la derecha, bien al igual que hicieron con la ley del Parlament, lo han llevado al Consejo de Garantías, que tiene pendiente emitir un nuevo informe.

En el debate de la ley, que se ha alargado casi dos horas, ha querido tomar la palabra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha agradecido a todos los grupos parlamentarios que han participado del consenso su "responsabilidad". Ha asegurado que es un consenso que representa un acuerdo de país "abierto" y que quiere sumar a los que todavía no se han sumado, como la CUP, que en todo momento ha exigido la retirada de la ley. "No dimitimos de la responsabilidad de legislar para cuestiones fundamentales del país", ha reivindicado Aragonès, que ha asegurado que con esta ley se sitúa el catalán como eje vertebrador de la escuela catalana "ante riesgos y amenazas" y se preserva la escuela de utilizaciones partidistas.