ERC y el PDeCAT han vuelto a cerrar filas con el resto de socios de la investidura como el PNV y han convalidado este jueves el decreto ley del gobierno que reforma el sistema de pensiones, que ha obtenido el voto negativo del PP, Ciudadanos y la CUP, y la abstención de Vox, Bildu y Junts per Catalunya. Una mayoría holgada de 179 diputados la han secundado, por delante de los 105 votos en contra y 61 abstenciones. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha hablado de una reforma "muy rigurosa", ha aceptado que el texto se tramite como proyecto de ley para que el resto de grupos presenten enmiendas e introduzcan cambios.
La mayoría de izquierdas se ha hecho fuerte otra vez en el Congreso. Esquerra Republicana ve en la reforma "un cambio de tendencia incuestionable" y se ha congratulado de las alianzas parlamentarias. "Han hecho todo lo que no hicieron con la reforma laboral y amb la ley mordaza", ha recriminado al diputado republicano Jordi Salvador, que ha constatado que, a partir de ahora, "la música ya no es la misma".
En este sentido, Salvador ha sacado pecho de las conquistas de ERC pactadas con el PSOE en el decreto ley introduciendo la cuota de solidaridad y consiguiendo ventajas en la cotización para las mujeres que tienen que cuidar a un hijo. Aun así, el parlamentario piensa que la modificación aprobada "no es perfecta" antes de acabar el discurso hablando en francés, en homenaje a los pensionistas lucha en Francia.
Junts se decanta por la abstención; la CUP, por el no
Por el camino del medio, el de la abstención, Junts per Catalunya ha hablado de un texto "poco realista". "No vemos claro cómo se pagarán las pensiones de los baby boomers", ha dudado desde el atril el diputado Josep Pagès, que ha vaticinado que los trabajadores catalanes tendrían "un sistema de pensiones digno en un estado independiente". En este sentido, ha recordado que el déficit fiscal malmete la creación de riqueza en Catalunya.
En el bloque del no, la CUP ha defendido que la reforma es un "desastre" y se aleja de "el horizonte de un gobierno de izquierdas". "Queremos trabajar menos, repartir mejor el trabajo y la riqueza, y subir los salarios", ha remachado Mireia Vehí, que ha criticado el papel de los grandes sindicatos que "no han movido ni un dedo ni para el aumento de sueldo ni para el empobrecimiento de la clase trabajadora ni para la precarización creciente de las clases populares", a diferencia de lo que pasa con "el estallido" que vive Francia.
Aunque por motivos diametralmente opuestos, el PP también se ha abonado al voto negativo después de lamentar "la falta de diálogo y transparencia" de Escrivá, a quién han recriminado que enviara a la oposición "tres excels 48 horas antes de la votación". El popular Jaime de Olano ha resaltado que "se carga todos los principios que rigen el sistema de pensiones" y "pone en riesgo la sostenibilidad", haciendo referencia al análisis que han hecho organismos externos como el AIREF.
De Olano ha pedido a Escrivá que retire el decreto "porsentido común, prudencia y honestidad intelectual". "Hágalo porque pone en peligro no solo las pensiones, sino también la sanidad, la educación y servicios sociales como la dependencia," ha recalcado el diputado del PP, que teme que, con los cambios introducidos, "todo el esfuerzo recaerá en los jóvenes, las pymes y los autónomos".
Escrivá: "Reforma muy rigurosa"
El ministro que ha impulsado el decreto ley, el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido que la reforma es la "culminación de un proceso prolongado, consensuado y dialogado" que nace de un "gran acuerdo social y político". Escrivá ha subrayado que es una "reforma muy rigurosa que constituye una referencia para otros países europeos".
"El sistema de pensiones sale reforzado y mejor preparado para los retos de las siguientes décadas", ha destacado Escrivá, que ha recordado que implica un "cambio absoluto de paradigma". Para acabar, ha asegurado que "no introduce recorte de gastos, sino incremento de ingresos". Además, ha dicho que "no habrá recortes en las cantidades de las pensiones, lo que hacemos es ampliar nuevos derechos en materia de derechos sociales".
La reforma aprobada este jueves tiene el aval de la Comisión Europea y los agentes sociales aunque ni la derecha ni la patronal la dan por buena. A grandes rasgos, los cambios introducidos tienen que servir para dar una respuesta a las tensiones financieras que se prevén cuando se jubile la generación de los baby boomers a las décadas de los 30 y de los 40. El nuevo sistema, que entrará en vigor el 1 de abril, determina la subida de bases máximas y de cotización, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión.