El Govern ha aprobado en una reunión extraordinario el decreto ley que tiene que servir a los centros educativos para dar respuesta a la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en las aulas. Cuando apenas faltan horas para que acabe el plazo impuesto por el tribunal para acatar la sentencia, el decreto subraya, como adelantó ElNacional, la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" sobre el uso de la lengua y deja claro que es el departamento de Educación y, en última instancia, el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, quien asume la responsabilidad del proyecto lingüístico de cada centro.
El decreto se publicará en las próximas horas en el DOGC, momento a partir del cual será vigente, aunque se tendrá que ratificar en el Parlament. Desde el departamento se harán llegar a los centros las instrucciones para aplicarlo -"instrucciones muy claras, con muy poco margen de duda," ha asegurado la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja-, y las escuelas tendrán que hacer llegar a la conselleria los proyectos educativos, que en un plazo de 30 días tendrán que ser ratificados por el Govern. El decreto ha incorporado una enmienda in voce durante la reunión del Consell Executiu en qué se especifica que en caso de que sea necesario introducir modificaciones, el centro tendrá que realizar los cambios en el plazo más breve posible, dentro de los siguientes seis meses. Una vez aprobado los proyectos, la responsabilidad queda en manos del conseller.
"Este decreto da cobertura legal al centro y también por extensión a los responsables de los centros ante las injerencias de los tribunales. El responsable último es el departamento de Educación y, por lo tanto, todas las responsabilidades recaen en el departamento de Educación y, en última instancia, en el su responsable, el conseller Cambray," ha asegurado la portavoz del Govern.
El decreto que hoy ha aprobado el Govern se suma a la nueva ley que se está tramitando en el Parlament, y al decreto de despliegue de la ley de educación también en marcha; la portavoz ha insistido repetidamente en que el objetivo es "aprobar un marco normativo estable que garantice la consecución del uso de las lenguas oficiales en función de las necesidades de los alumnos. Por esta razón, ha asegurado que la lengua vehicular de los centros es el catalán y que los proyectos lingüísticos de cada centro tienen que tener en cuenta la realidad sociolingüística y la diversidad de los alumnos y garantizar que al acabar la enseñanza todos los niños y niñas tienen un conocimiento oral y escrito del catalán y el castellano.
Esta diversidad hace imposible, según Plaja, "que se pueda aprobar una regulación monolítica que imponga un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio haciendo abstracción de la diversidad social y cultural"
"Será el departamento de Educació quien velará por garantizar que todos estos proyectos se ajustan a legalidad y a la realidad sociolingüística de cada centro, sin obviar que dar la respuesta a las necesidades de los estudiantes ha venido siendo hasta el momento la prioridad y seguirá siéndolo", ha insistido.
La portavoz no ha explicado de qué manera el departamento podrá asumir en 30 días la revisión de los proyectos de los centros ni si tendrá que reforzar para hacerlo. ni ha explicado si se introducirán asignaturas troncales en castellano, pero ha reiterado en varias ocasiones que el objetivo es dar respuesta "al callejón sin salida" en que se encontraba el Govern a raíz de la sentencia del TSJC con que impone un 25% de castellano y "superar una judicialización sin sentido".