El Tribunal Supremo, manteniendo la inhabilitación de algunos dirigentes como Oriol Junqueras, ha actuado "con voluntad de venganza". Así lo ha denunciado el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pocas horas después de que el alto tribunal español haya revisado las condenas fruto de la reforma del Código Penal. En una entrevista en RAC1, el jefe del Govern ha defendido la modificación legislativa negociada con el Gobierno y ha atribuido el resultado de hoy a una "interpretación muy forzada" por parte de los jueces. No obstante, como también trasladan desde de ERC, ha confiado en que esta decisión será "corregida" desde Europa.

El presidente Aragonès ha defendido la reforma del Código Penal porque el Estado dispone de "todas las herramientas para reprimir" y el objetivo de ERC era "reducir la capacidad de reprimir". En este contexto ha situado la derogación del delito de sedición, que ha caído de la condena. Y en este sentido ha recomendado leer la resolución, que "critica directamente lo que ha hecho el Congreso". Ahora bien, el dirigente republicano también ha lamentado la otra cara de la moneda: "Hemos conseguido acordar una modificación con el Gobierno, pero no hacemos de jueces". Y ha remachado: "Hay una voluntad de venganza del Supremo, que ha visto cómo se le corregía la sentencia primero con los indultos y después con la reforma. Habrá una tercera corrección, la de los tribunales europeos".

Preguntado sobre si Carme Forcadell podría volver a hacer política, una vez liquidada la inhabilitación que pesaba encima suyo, Aragonès no ha aclarado nada. Ha subrayado que la expresidenta del Parlameno ya ha recuperado su actividad en el partido y que tiene las "puertas abiertas" en aquello que quiera. El president del Govern ha asegurado que lo más importante es "poder llegar a la totalidad" de los dirigentes independentistas afectados.

La decisión del Supremo

La sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha revisado la condena a los independentistas catalanes en función de la reforma del Código Penal (CP) pactada por el PSOE y Esquerra Republicana. La principal conclusión es que, siguiendo el mismo criterio del instructor Pablo Llarena, el Supremo condena Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por los delitos de malversación y desobediencia y les mantiene la inhabilitación hasta el 2031. Ahora bien, la sentencia extingue las penas de inhabilitación contra Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn y Carme Forcadell por la revisión de delitos. En el auto, Marchena rechaza los desórdenes públicos agravados porque no los ve equiparables al anterior delito de sedición y advierte que el nuevo marco penal deja impune intentar procesos secesionistas en los que no intervenga la violencia o la intimidación