Cuando un partido llega a la prórroga, los equipos ya van justos de fuerzas y efectivos. En Catalunya, el aplazamiento electoral hasta el 30 de mayo abre un tiempo añadido de casi cuatro meses, 132 días. Los socios de Govern, como los catalanes, llegan fatigados. Por eso Pere Aragonès, el máximo responsable del ejecutivo catalán desde la inhabilitación de Torra a finales de septiembre, apuesta abiertamente por acordar con JxCat la "mejora de los mecanismos de coordinación necesarios" para "fortalecer al Govern" de cara a los meses que quedan por delante.
El vicepresident y candidato de ERC a las elecciones catalanas ha dejado claro que, en contra de la decisión de Puigdemont y Torra, su partido era "partidario de que las elecciones se convocaran en octubre", para evitar alargar la situación de interinaje. "Esta situación no la he buscado ni la he querido", ha afirmado durante una conferencia organizada por la agencia Europa Press. En este sentido, ha explicado que cuando el Supremo apartó al entonces president de la Generalitat, Quim Torra, ERC y JxCat pactaron cómo tenían que transitar hasta las elecciones de febrero, pero no qué pasaba si la situación continuaba. "Habíamos llegado a un acuerdo con JxCat que era para unos meses; dado que se alargará más, tenemos que fortalecer y mejorar los mecanismos", ha señalado Aragonès.
Desde hoy mismo, ha dicho, "hay que empezar a gobernar diferente". Eso quiere decir, tal como ha definido, "reforzar el trabajo compartido por todos los departamentos" que integran el Govern de la Generalitat. "Sólo hay un gobierno", ha recordado a sus socios de JxCat. En paralelo, Aragonès considera que habrá que trabajar conjuntamente con la oposición, para "compartir corresponsabilidad" y "grandes consensos" en la gestión de la pandemia.
"Tranquilo" sobre la legalidad del aplazamiento
Mientras la conferencia de Aragonès estaba en marcha, ha trascendido que la Liga Democrática presentará un recurso contra el decreto de suspensión de las elecciones catalanas previstas inicialmente para el 14 de febrero. El vicepresident ha conocido la noticia en directo. Y tanto con respecto a este anuncio como a la amenaza de Foment de impugnar el aplazamiento, ha defendido que la decisión tomada cuenta con cobertura legal, tanto por parte de la comisión jurídica asesora de la Generalitat como por los expertos consultados por el Síndic de Greuges, y ha confesado que está "tranquilo". "Yo pediría responsabilidad" a todos los actores políticos.
Al hilo de esta intervención, el vicepresident ha aprovechado para advertir a Moncloa que "el Gobierno de España no tiene nada que decir sobre las elecciones al Parlament", como sí sucedió, en cambio, durante el 155. En este sentido, se ha quejado de que en el PSOE haya quien "añore el 155".
Aragonès ha justificado el aplazamiento electoral para "salvar vidas", porque mantener la convocatoria para el 14 de febrero suponía un "riesgo para la salud de los ciudadanos" y "podía llevar a un alta abstención".
Illa: ¿candidato o ministro?
Aparte de aquellos que no tienen representación parlamentaria, el partido más crítico con la cancelación de los comicios ha sido el PSC. Aragonès ha puesto de manifiesto su enfado con la actitud de los socialistas, especialmente con su cabeza de lista, que se resiste a abandonar la cartera de ministro de Sanidad a pesar de ser candidato a las elecciones. Desde su punto de vista, Salvador Illa "tendría que haber escogido hace tiempo si ser candidato o ministro".
El jefe de filas de ERC ha aseverado que "le sorprende el silencio del ministro de Sanidad", que "no tenga nada que decir sobre las elecciones, que movilizan a 5,5 millones de personas."
¿Qué más hará Iglesias?
Preguntado por las palabras del vicepresidente español y líder de Podemos en las cuales reconoce que Carles Puigdemont es un exiliado político, Aragonès ha reclamado a Pablo Iglesias que vaya más allá de las declaraciones. ¿"Qué más hará el señor Iglesias"?, se ha preguntado el vicepresident.
Todavía en relación a la judicialización del procés, ha sido rotundo al hablar del indulto. "Sería vergonzoso", ha dicho, que el Gobierno de España decidiera aplazar la decisión sobre si otorgarlo o no por un mero "cálculo electoral". Asimismo, ha reconocido que no les sorprendería que la Fiscalía presentara un recurso en contra del tercer grado de los presos que han vuelto a acordar las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas.