"Hoy damos un paso adelante importante en el camino de la resolución del conflicto político". Así ha empezado este viernes el presidente Pere Aragonès su comparecencia en el Palau de la Generalitat, a primera hora de la mañana, después de que este jueves por la noche su homólogo español, Pedro Sánchez, anunciara una iniciativa legislativa para hacer caer el delito de sedición y sustituirla por el nuevo concepto de "desórdenes públicos agravados".
🔴 Reforma del delito de sedición, última hora | DIRECTO
Una decisión que, según Aragonès, equivale a su completa derogación. "El delito de sedición queda borrado, eliminado, desaparece. Ha desaparecido la sedición", ha reiterado. Precisamente, este punto ha generado debate entre el independentismo, con voces que señalan que tan solo se le ha cambiado el nombre, mientras que la cuestión de fondo existe.
Sea como sea, el presidente de la Generalitat se ha mostrado satisfecho con el anuncio del Gobierno, que ha reivindicado como un resultado de la mesa de diálogo. "El acuerdo de derogación de la sedición es una muestra que perseverar en tus objetivos mujer frutos", y ha alargado la mano en el resto del independentismo para reunir la máxima fuerza en la negociación con el Estado. Pero también ha lanzado un aviso a Pedro Sánchez que hará falta ir más allá. "Seguiremos trabajando para ampliar estos acuerdos, y para construir nuevos para avanzar como hemos hecho hoy y alcanzar la plena desjudicialización del conflicto", ha lanzado. "Se tendrá que hacer más". Con esta experiencia, el presidente confía en que se pueda conseguir como destino final la amnistía y la autodeterminación, con un referéndum vinculante y reconocimiento de todas las partes.
A pesar de todo, Aragonés no ha querido hablar de este paso como una victoria partidista. "Esto no va de partidos ni de siglas, va de derechos y libertades", ha asegurado, situando como protagonistas las personas represaliadas. De hecho, el presidente ha afirmado que con este cambio del Código Penal "se allana el camino de la recuperación de libertades por aquellos que ya han sido condenados", y se avanza hacia el fin de "toda represión". Una valoración que no acaba de coincidir con la de la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, que ha reconocido que "solo con esta reforma" no podrá volver a Catalunya "con garantías".
Optimismo y realismo en una futura condena
Pese a este contratiempo de Rovira, la parte catalana se ha reafirmado en el éxito de este "paso adelante". Pere Aragonès ha remarcado también que, a pesar de la aparición del concepto de "desórdenes públicos agraviados", este delito "ya existe", y hasta ahora establecía una pena de seis años. "Con la modificación de hoy, la pena máxima será de cinco años", ha afirmado el presidente. Fuentes de Palau han señalado que intentarán retocar algunos flecos más durante el trámite parlamentario en el Congreso. Aragonés también ha añadido con optimismo que "si en su momento el Tribunal Supremo creyó que no había desórdenes públicos, ahora no pensará diferente", en relación con la condena por los hechos del 2017. Ahora bien, también ha añadido un apunte de realismo. Y es que, a pesar de este avance, la tendencia de la cúpula judicial española es conocida. "Sabemos que en la aplicación de leyes no hará una lectura objetiva", ha admitido Aragonés.