La convocatoria oficial de la rueda de prensa era para informar sobre el resultado de la reunión mantenida con el ministro-presidente de Flandes, pero absolutamente todas las preguntas dirigidas al president Pere Aragonès han sido relacionadas con las fianzas del Tribunal de Cuentas. Este mediodía, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha anunciado que ante la imposibilidad de encontrar un banco que quiera entrar en la operación de avalar a los 34 encausados y para no poner en riesgo a los trabajadores públicos del Instituto Catalán de Finanzas que gestiona el fondo específico creado para cubrir a los afectados, el gobierno no podrá hacer frente, de momento, a la fianza de 5,4 millones. Con todo, Aragonès -como Giró-, ha garantizado que seguirán "trabajando con todos los instrumentos al alcance para que mañana no se produzca el embargo".

 

La medianoche de este miércoles expira el plazo impuesto por el Tribunal de Cuentas para que los 34 perseguidos depositen la cuantía solicitada. En caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes de manera preventiva, previa a la resolución definitiva del caso. Entre que venza el límite fijado y el embargo hay un margen de tiempo, "entre horas y días", que en el gobierno esperan que les sirva para conseguir convencer a alguna entidad financiera.

Vías alternativas

El decreto para crear el fondo de riesgo de 10 millones de euros está pendiente del pronunciamiento del Consell de Garanties Estatutàries, que debe confirmar si es o no legal entre esta semana y la próxima. A partir de entonces podrá aprobarse en el Parlament. Aragonès confía en que con un informe favorable del Consejo de Garantías, entidades que de momento han puesto pegas, se puedan desbloquear. Al mediodía, Giró ha admitido que "el miedo" generado a raíz del "ruido" suscitado ante la iniciativa del fondo "no ha ayudado".

En paralelo, la intención del ejecutivo es buscar otras "vías diversas" para poder proteger, mientras tanto, los bolsillos de la treintena de afectados. Una de las opciones, que ha apuntado Aragonès, es volver a solicitar al Tribunal de Cuentas una prórroga del plazo para hacer el pago, que no ha querido conceder a petición de los investigados.

En la línea del conseller de Economía, el president ha querido sacar pecho por el hecho de que, aunque de momento no se haya podido utilizar, es la primera vez que desde el Govern se establece un mecanismo para intentar proteger a los encausados por el ente fiscalizador del Estado. En todo caso, no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que su partido, ERC, ponga su sede como aval.

La alianza con Flandes

Desde 1992, todos los presidents de la Generalitat de Catalunya se han reunido con el jefe de gobierno de Flandes, que se conoce como ministro-presidente. Este martes, Pere Aragonès ha recibido al actual mandatario flamenco, Jan Jambon, a quien ha agradecido el apoyo explícito a las reivindicaciones catalanas de la amnistía y la autodeterminación.

En octubre de 2019, el Parlamento flamenco aprobó por unanimidad una declaración para reclamar al Gobierno que se sentara a dialogar con el independentismo, para encontrar una salida política al conflicto. Aragonès ha calificado Flandes como "una de las regiones europeas que ha entendido mejor qué ha pasado a Catalunya y ha mostrado más solidaridad" con la causa catalana. Ambos se han comprometido a seguir colaborando con el fin de ganar más peso en las instituciones europeas. 

En la imagen principal, Aragonès comparece junto al ministro-presidente de Flandes. / ACN