Definitivamente no habrá cuestión de confianza al president, Pere Aragonès, esta legislatura. Cuando menos así lo ha asegurado el propio president en la rueda de prensa que ha ofrecido en el salón Sant Jordi para presentar el balance del primer año de gobierno. ERC ya había apuntado repetidamente que el no de los cupaires a los presupuestos de este año hizo decaer el pacto de una cuestión de confianza. No obstante, la semana pasada Carles Riera insistió en una entrevista a ElNacional a exigir que se materializara de manera inmediata. A pesar de cerrar la puerta a aquel compromiso, el vicepresident, Jordi Puigneró, ha apostado por aprobar los pressupuestos del próximo año, que ya prepara el Govern, con el votos de la CUP. En relación a la inmersión, el president prevé que el acuerdo de los grupos para dar respuesta a la sentencia que impone un 25% de castellano en la escuela "está próximo" aunque el vicepresident ha advertido que no está garantizado que frene la imposición del castellano.

 

Aragonès ha cerrado la puerta a la exigencia de la cuestión de confianza expresada la semana pasada por Riera argumentando que aquella iniciativa se enmarcaba en "una cadena de confianzas", que tenía los presupuestos como primera pieza. "La cuestión de confianza ya se decidió en los presupuestos del 2022. Si en aquel momento ya se retiró el apoyo al Govern no tiene ningún sentido apuntar dosis de inestabilidad que no convienen a la sociedad catalana", ha argumentado.

Con todo, a su lado, Puigneró ha insistido repetidamente en la voluntad del Govern de preservar la mayoría que representan el 52% de diputados independentistas del Parlament. Así lo ha subrayado tanto al hablar del acuerdo para hacer frente a la sentencia del TSJC sobre le castellano en las escuelas, como en relación a los nuevos presupuestos que prepara el Govern para el próximo año. "El hecho de que aprobáramos con los comunes los presupuestos de este año, no predispone que se tenga que repetir aquel acuerdo. Nuestro deseo es que se pudiera hacer un acuerdo de presupuestos en que nuestros socios del 52% fueran los que tendrían que garantizar nuestro objetivo", ha remachado a pesar de asegurar que el Govern hablará con todo el mundo.

El president, por su parte, ha subrayado que la elaboración de las cuentas se encuentran en los trabajos más previos, "en fase muy inicial", y ha mostrado toda la confianza en quién está llevando el liderazgo en este trabajo, en referencia al conseller de Economía, Jaume Giró.

Catalán

Durante la comparecencia, Aragonès se ha referido a la situación del catalán en las escuelas, amenazado por la sentencia del TSJC con "planteamiento ideológicos que no responden a las necesidades educativas". Ha insistido en la voluntad del Govern de sumar el máximo de actores para defender la inmersión y se ha mostrado convencido de que el acuerdo que trabajan los grupos parlamentarios para responder a aquella sentencia "está muy próximo". Asimismo ha reiterado que el Govern adoptará las medidas correspondientes con el decreto ley, que se complementará con la nueva ley ad hoc que negocian los grupos.

"El objetivo es fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana que, a pesar de todo el esfuerzo, todavía no somos capaces de garantizar. Tenemos que seguir trabajando", ha remachado. De hecho, Puigneró ha admitido que, formando parte del Estado español, no está garantizado al 100% que el marco legal que prepara el Govern pueda blindar la lengua y parar la sentencia que impone un mínimo de un 25% de castellano en las aulas.

Diálogo

Junto al catalán en la escuela, el president ha destacado como elemento de preocupación de este primer año de legislatura la situación sobre el diálogo con el Estado. "Sigo defendiendo la negociación para llegar a un acuerdo que ponga fin a la represión y permita a la ciudadanía de Catalunya votar con libertad", ha asegurado. Con todo, ha reconocido que "la evolución de los resultados no es el esperados", ha reprochado que desde los indultos no se ha avanzado "de forma suficiente", que la persecución judicial continúa, y que "el espionaje masivo a las instituciones catalanas no hace más que acentuar la desconfianza y agravar este bloqueo".

"Es imprescindible que el Estado se mueva, que actúe como una democracia avanzada con total transparencia, dando explicaciones, asumiendo responsabilidades y estableciendo las medidas que garanticen que no se volverá a actuar contra derechos fundamentales", ha insistido, aunque no ha ido más allá a la hora de concretar las medidas que exige para poder restaurar la confianza". Lo que sí ha hecho es denunciar la doble vara de medir de la Moncloa que, en el caso de los seguimientos al presidente español, Pedro Sánchez, sí ha decidido compartir la información con la Justicia.

Por lo que respecta a la decisión del Supremo de rectificar y revisar los indultos a los líderes del procés, Aragonès ha reprochado que "el Supremo es un organ altamente politizado" donde se puede identificar fácilmente las simpatías políticas de los jueces, de manera especialmente evidente en el caso de Catalunya, por|para lo cual ha insistido en que la ley de amnistía es la mejor salida a esta situación.

Juegos de Invierno: Determinados a seguir

Aragonès ha sido también interrogado sobre los Juegos de Invierno, después de que el COE ha dado por|para roturas las conversaciones y ha optado por plantear una propuesta técnica al COI. Ha asegurado que Catalunya se mantiene "determinada" a sacar adelante el proyecto y seguirá "con mucho interés" la propuesta de que esta semana planteará el Comité Olímpico Español.

Aragonès ha comparecido en rueda de prensa para evaluar el primer año de la legislatura, marcado por la pandemia del Covid y la invasión de Ucraina. "A pesar de la complejidad este año hemos establecido los fundamentos de las transformaciones que nos comprometimos a impulsar", ha asegurado el president, que ha anunciado que a partir de hoy los ciudadanos podrán seguir el grado de cumplimiento del plan de gobierno a través de la página web de la Generalitat. Según el balance que hoy ha presentado, el grado de cumplimiento es "satisfactorio" y a día de hoy se situado en un 33,88%. Aragonès ha valorado positivamente el trabajo de los consellers, así como a los grupos parlamentarios, agentes socioeconómicos, entidades de la sociedad civil y trabajadores públicos.