"Será un diálogo fructífero si se puede hablar de derecho a la autodeterminación". El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha insistido este lunes en la necesidad de dialogar y negociar con el Estado español, pero pudiendo hablar de todo. Lo ha hecho en su comparencia ante la comisió de Economía y Hacienda del Parlament este lunes, donde ha enviado un mensaje al Gobierno español: "Las leyes tienen que estar al servicio de la sociedad, y no la sociedad al servicios de las leyes".

"Seguiremos avanzando en la construcción de la República Catalana, defendiendo el diálogo y la negociación," ha asegurado Aragonés, que ha reiteradp que "hace falta que el Gobierno del Estado se avenga a negociar". En este sentido, ha avisado de que "no hay ninguna otra vía civilizada" que sentarse a hablar. "Queremos un diálogo franco, que no obligue ninguna de las partes a renunciar", ha reclamado.

El vicepresidente del Govern ha iniciado este lunes la ronda de comparecencias en comisión que llevará a todos los consellers del nuevo Govern al Parlament durante las próximas semanas. Desde la cámara, ha denunciado la "criminalización" del independentismo y el "ánimo de venganza del Estado" contra los presos políticos y sus familiares. Se ha comprometido a hacer "todo lo que esté en nuestras manos" para que vuelvan a ser libres.

En este sentido, ha considerado que la libertad de los presos políticos "debe formar parte de las condiciones" para que haya un diálogo "sincero y honesto", y no debe formar parte de la mesa de negociaciones. También ha expresado su voluntad de reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una vez se hayan reunido los presidentes Quim Torra y Pedro Sánchez.

Intervención financiera y presupuestos sociales

En este diálogo "bilateral" con el gobierno de Pedro Sánchez, Aragonès ha destacado que una de las decisiones urgentes es la del levantamiento de las medidas de control e intervención del Estado sobre las finanzas de la Generalitat aprobadas en noviembre de 2015. Ha señalado que sólo se han levantado las vinculadas a la aplicación del artículo 155.

Como vicepresidente, Pere Aragonès será el encargado de impulsar la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, que ha descrito como un organismo "imprescindible". Ha puesto el foco especialmente en el aumento de episodios violentos en la calle por parte de grupos ultras, ante los cuales "no nos podemos quedar impasibles". Ha recordado como el pasado 1 de octubre "nuestro país y parte de la comunidad internacional quedó conmocionado".

Por otra parte, como conseller de Economía se ha comprometido a elaborar para el 2019 unos presupuestos sociales, poniendo el foco en la sanidad, la educación y los servicios sociales, que ayuden a combatir las desigualdades que se han mantenido a pesar de la recuperación económicas.

Otro ámbito sobre el que  Aragonès ha reclamado una negociación bilateral son los que tienen que ver con las deudas del Estado. Entre estas deudas, ha señalado, están los 759 millones de euros por la aplicación de la disposición adicional tercera de la liquidación de 2008, y los 2.951 millones de deuda del resto de años hasta el 2013. Otra deuda pendiente será la financiación específica de los Mossos d'Esquadra, que ha cifrado en 688 millones de euros.

Nuevos ingresos

El conseller de Economía ha elevado a 700 millones de euros el coste de la reducción del déficit, y que por eso habrá que abordar la parte de los ingresos, que no tiene que estar supeditado "sólo por la mejora económica". El cumplimiento del compromiso del 0,1% del PIB, ha precisado, estará subordinado a más recaudación o transferencias del Estado.

El límite de gasto de los presupuestos de 2019 será similar al del 2018. En este contexto, Aragonès no ha descartado la creación de nuevos tributos, además de la recuperación de las tasas suspendidas por el Tribunal Constitucional o la revisión de las tarifas, exenciones y deducciones de los tributos propios. Para el vicepresidente, la prioridad es incrementar el poder redistributivo.