El expresident Pere Aragonès, finalmente, ha aportado su móvil al juzgado para que sea analizado y se certifique que fue espiado con el software Pegasus y sin amparo legal, según han informado fuentes jurídicas a ElNacional.cat este lunes. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García García, lo hará analizar, seguramente, por la unidad central informática forense de los Mossos de Esquadra, que ya ha confirmado el espionaje a otros dirigentes de ERC y de la CUP. El magistrado García es el único que ha imputado a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, para aclarar si el Gobierno espió al president republicano. El CNI informó a la comisión de secretos, de que tenía permiso del juez de control del Supremo para espiar a Aragonès, de julio del 2019 a abril del 2020, y a una veintena de personas más.

No obstante, el abogado de Aragonès, Andreu Van Den Eynde aportó una pericial de su móvil en el juzgado (paralela a la de CatalanGate, hecha por el grupo Citizen Lab, que cifró en medio centenar los espiados), que afirma que se infectó el móvil  de Aragonès al menos desde el año 2018, cuando era vicepresidente de la Generalitat. El fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde, ha exigido en todas las causas penales abiertas por el espionaje de Pegasus en Barcelona, que se realice un peritaje oficial de los móviles supuestamente afectados y cuánta información se les habría extraído. Ahora, será el turno del móvil del expresident de la Generalitat.

Espionajes, confirmados

En concreto, los Mossos de Esquadra confirmaron, el enero pasado y por primera vez, que los teléfonos móviles de varios dirigentes independentistas fueron atacados con el software espía Pegasus. El cuerpo policial lo certificó los juzgados que llevan la investigación del espionaje a tres dirigentes de ERC: la eurodiputada Diana Riba; el diputado en el Parlament Josep Maria Jové, y exdiputado Sergi Sabrià.

En abril, los Mossos d'Esquadra también confirmaron que diputados de la CUP  fueron espiados con el software malicioso Pegasus. En concreto, el diputado Carles Riera sufrió la infección a uno de sus móviles durante febrero de 2019 y se le extrajo como mínimo 21,03 megabytes en información que tenía en el terminal, de la cual se desconoce dónde se envió. También hay indicios que el móvil de Albert Botran fue infectado en el 2020, cuando era diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados, pero indican que requieren más investigación para determinar que es Pegasus, mientras que la copia del móvil aportada por el exdiputado y periodista David Fernàndez no se pudo analizar por falta de la contraseña.

Pendientes del recurso de la exdirectora del CNI

En la causa de Aragonès, Paz Esteban, defendida por la Abogacía del Estado, pidió el archivo del procedimiento, con el apoyo de la Fiscalía. El juez García se negó y encargó más líneas de investigaciones, pedidas por el abogado del republicano. Hace meses que se espera la respuesta de la Audiencia de Barcelona que tiene que resolver si admite que se archive el caso por Esteban, hecho que casi significará cerrar el caso. El tribunal de forma insólita, y sin que ninguna parte le hubiera pedido, preguntó si se tenía que aplicar la ley de amnistía a la exdirectora del CNI.

Desclasificar más documentos

Paralelamente, la magistrada que investiga el supuesto espionaje al exeurodiputado de ERC Jordi Solé también ha pedido al Consejo de Ministros que levante el secreto y detalle si el CNI lo espió entre el 11 y el 27 de junio de 2020, como también al abogado de ERC. El gobierno del PSOE no ha dado ninguna respuesta oficial, por ahora, a esta petición, que supone que un tercer juzgado le dirige un suplicatorio para desclasificar información sobre Pegasus.