La confirmación en el marco de la comisión de secretos oficiales del Congreso que los servicios de inteligencia españoles han espiado al president, Pere Aragonès, y que lo ha hecho con autorización judicial, ha complicado todavía más las ya lo bastante abolladas relaciones entre el gobierno catalán y el espanyol. El president ha hecho público esta noche un comunicado en que insiste en reclamar una respuesta "al más alto nivel" y la desclasificación de la autorización judicial. Exige también que alguien asuma la responsabilidades ante este espionaje. De hecho, el texto apunta directamente al ministerio de Defensa. Al mismo tiempo, desde la Moncloa se aseguraba que el Gobierno "no sabían nada ni podían saberlo". Todo ello se produce la víspera del viaje de Pedro Sánchez a Barcelona para participar a la clausura de las jornadas del Círculo de Economía, donde coincidirá con Aragonès.
El Govern se ha mantenido en silencio durante horas después de que se ha sabido que la directora del CNI, Paz Esteban, había confirmado esta mañana en el Congreso el espionaje a 18 independentistas, entre los cuales Aragonès y el entorno del president Carles Puigdemont. No obstante, a las 7 de la tarde se ha hecho público un comunicado del president de la Generalitat ante "las informaciones que apuntan que CNI, servicio integrado en el Ministerio de Defensa" habría reconocido el espionaje con autorización judicial.
Esta información, según la nota, "confirma y aumenta la gravedad del caso de espionaje masivo por parte del estado español contra instituciones catalanas" que destapó Citizen Lab, el cual describe como una "vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de los que se han relacionado. Ante esta situación, el Govern exige que se desclasifiquen inmediatamente la autorización judicial con el fin de conocer las motivaciones y poder ejercer el derecho de defensa, e insiste en que es urgente recibir explicaciones públicas, para saber quién dio la autorización política y quién tenía constancia. "Exigimos una respuesta al más alto nivel", concluye advirtiendo que es "inaplazable la asunción de responsabilidades".
Por el contrario desde la Moncloa se asegura que el gobierno de Pedro Sánchez no sabía nada, que no están informados de este tipo de actuaciones del CNI y que comparten la necesidad de aclarar la situación. Por esta razón, destacan que, aparte de la comisión de secretos oficiales del Congreso, se han activado mecanismos como la investigación del Defensor del Pueblo y se ha garantizado la voluntad del gobierno de desclasificar los documentos que este pida para su investigación. El Gobierno se insiste, a pesar de la polémica que ha dejado la relación entre los dos ejecutivos bajo mínimos, en que mantienen la apuesta por el diálogo.
El Govern de la Generalitat y el mismo president públicamente ha reclamado una reunión para reclamar explicaciones. Aunque los dos se encontrarán en el Círculo de Economía, el Gobierno ha dejado claro que no se trata de una fotografía sino de un encuentro cara a cara. No obstante, la imagen del encuentro de los dos presidentes en plena tormenta será una de la más buscada de la jornada.